Un fuerte dispositivo de la Policía Local de Morón toma posesión de las instalaciones deportivas adyacentes a la Piscina Cubierta

A las 7 de la mañana de hoy miércoles, 19 de febrero, un amplio dispositivo de la Policía Local, acompañado por varios técnicos del Ayuntamiento de Morón, han procedido a tomar posesión de las instalaciones deportivas adyacentes a la Piscina Cubierta, donde la empresa Gestión Deportiva Morón S.L. (Blue Racket) prestaba  -no hace tanto- sus servicios de alquiler de pistas de tenis y pádel.

El que hasta ahora era su poseedor,  el empresario Álvaro Deira, que ya había anunciado que no iba a abandonar voluntariamente las instalaciones que ocupan en la Calle Giralda, no habría ofrecido resistencia y ha entregado las llaves de las instalaciones ante su requerimiento.

Hay que recordar que sobre estas instalaciones se mantiene aún una controversia jurídica, todo lo cual, al mismo tiempo que la gestión de la Piscina Cubierta y el resto del recinto ha sido adjudicado a una nueva empresa, la entidad Gestión Deportiva Morón S.L. tiene abiertos varios contenciosos contra el Ayuntamiento de Morón para dirimir la obligación que tendría –o no- el propio Consistorio y la nueva empresa adjudicataria de indemnizar a la denunciante con una cantidad aproximada de 500.000€ por las obras ejecutadas (seis pistas de pádel, dos pistas de tenis y un edificio de servicios con tienda deportiva, almacén, vestuarios, despachos y salas multiusos) que quedarían hechas a favor de esta nueva entidad y del propio Ayuntamiento.

Paralelamente, y tras un primer sobreseimiento provisional por parte del Juzgado de Instrucción de Morón de la Frontera, Gestión Deportiva SL ha elevado a la Audiencia Provincial una querella criminal contra el Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, la Delegada de Contratación Pública y los administradores de la mercantil AERAFIT GESTIÓN SL (actual concesionaria de la Piscina Cubierta) por unos presuntos delitos de coacciones, prevaricación, delito de cohecho, delito negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. 

Será ahora el tribunal provincial quién tendrá que decidir si entrar a analizar si existieron amenazas, coacciones o presiones, tal y como asegura el denunciante,  para que éste abandonara una instalaciones en las que el Ayuntamiento no habría puesto un solo euro y habría obligado a una inversión de 700.000 € al titular.