La Plataforma contra la planta de biogás en Morón valora el compromiso del alcalde, pero reclama un Plan Especial y una moratoria de dos años

La Plataforma «No a la Planta de Biogás en Morón» ha emitido un comunicado en el que valora positivamente las recientes declaraciones del alcalde sobre el proyecto de planta de biogás previsto en el municipio, aunque insiste en que el conflicto «está lejos de haber terminado» y reclama actuaciones concretas que refuercen la capacidad del Ayuntamiento para frenar este tipo de proyectos.

El colectivo considera «importante» que el Consistorio haya escuchado la preocupación mostrada por cientos de vecinos y haya manifestado públicamente su compromiso con la defensa de los intereses de Morón. Sin embargo, recuerda que el expediente administrativo continúa su tramitación y que todavía quedan fases decisivas antes de que el proyecto pueda darse por definitivamente resuelto.

Por ello, la Plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía para mantener la movilización y continuar presentando alegaciones y recogiendo firmas. Asimismo, señala que el Pleno municipal previsto para el próximo mes de septiembre será una cita «clave» dentro del proceso.

Reclaman un Plan Especial para regular estas instalaciones

Uno de los principales mensajes del comunicado es la petición al Ayuntamiento para que impulse con carácter urgente un Plan Especial —o el instrumento urbanístico que resulte más adecuado— con el objetivo de adaptar la normativa municipal y regular expresamente la implantación de plantas de biogás y otras instalaciones de características similares.

Según explica la Plataforma, las declaraciones institucionales «no tienen efectos jurídicos suficientes» para impedir este tipo de proyectos, ya que, en materia urbanística, todo aquello que no esté expresamente prohibido por el planeamiento puede llegar a autorizarse si cumple los requisitos legales.

En este sentido, consideran que una modificación del planeamiento permitiría dotar al Ayuntamiento de un marco jurídico más sólido para proteger el medio ambiente, el paisaje, los recursos hídricos, la actividad agrícola y la calidad de vida de los vecinos, además de aportar mayor seguridad jurídica en futuras decisiones.

También solicitan una moratoria de dos años

La Plataforma vuelve a reclamar una moratoria de dos años para la autorización de nuevas plantas de biogás, con el fin de que los municipios afectados dispongan de tiempo suficiente para estudiar este tipo de proyectos y aprobar la regulación urbanística necesaria antes de que puedan implantarse nuevas instalaciones.

El colectivo subraya además que su preocupación no se limita al proyecto actualmente conocido en Morón, sino que recuerda la existencia de una segunda planta prevista en las inmediaciones del municipio y advierte de que podrían presentarse nuevas iniciativas similares en el futuro.

Llamamiento a la unidad de asociaciones y municipios

En el comunicado también se hace un llamamiento a las asociaciones vecinales, entidades sociales, organizaciones agrarias, colectivos empresariales y medioambientales para que se sumen a esta reivindicación.

Igualmente, la Plataforma apuesta por reforzar la colaboración entre los municipios afectados, especialmente Morón de la Frontera, Arahal y El Coronil, compartiendo información y coordinando estrategias para defender un modelo de desarrollo compatible con la protección del territorio.

A juicio del colectivo, el debate «va mucho más allá de una única planta de biogás», ya que afecta al modelo de municipio que se quiere para las próximas generaciones, así como a la protección del paisaje, la agricultura, los recursos naturales y la salud de la población.

Finalmente, la Plataforma agradece el respaldo recibido por parte de vecinos, asociaciones y colectivos durante las últimas semanas y concluye reiterando que valora el compromiso expresado por el alcalde, aunque considera que «ahora hacen falta hechos». Entre las prioridades que señala figuran la continuidad de las alegaciones, la recogida de firmas, el debate previsto en el Pleno de septiembre, la elaboración de un Plan Especial y la coordinación entre administraciones y colectivos para construir un marco jurídico que proteja el territorio frente a futuras iniciativas de este tipo.