Razones para una huelga general por la vivienda

EDITORIAL publicada en https://ctxt.es/

Decenas de miles de personas han salido a las calles en el Estado español después de que los antidisturbios desahuciaran violentamente en Madrid a una mujer de 87 años, llamada Mari Carmen Abascal. Llevaba 70 años viviendo en un piso de renta antigua y nunca había dejado de pagar su alquiler, contra lo que asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El lanzamiento, ordenado por un juez a raíz de una denuncia de la empresa inmobiliaria Urbagestión, que exigía a la mujer una subida del alquiler imposible de asumir, ha sido la mecha que ha prendido la movilización social y la acampada de miles de personas en la puerta del Sol de Madrid y otras ciudades, 15 años después del 15M. 

El brutal desahucio, uno más entre los 4.000 que se han producido ya este año, ha puesto las cosas en su sitio: cientos de miles de jóvenes y trabajadores protestando en la calle, la derecha ridiculizando un drama social y el gobierno más progresista de la historia descubriendo que la vivienda es un problemón para la ciudadanía. 

La gente se ha levantado y ha dicho basta. No solo contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox. También ha dicho que el Gobierno de Sánchez es responsable

Liderada por el Sindicato de Inquilinas, la protesta exige al Gobierno de coalición cinco medidas básicas contra la especulación: prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar los alquileres de temporada y por habitaciones; congelar el precio de los alquileres vigentes para que no se puedan subir en los cambios de contrato; prorrogar los contratos que expiran entre este año y el siguiente (cerca de un millón), y renovación automática de los contratos si los caseros no justifican necesitan el piso para vivir.  

Todas estas reivindicaciones son tan justas como necesarias y urgentes. La inexistente política de vivienda desarrollada por el Gobierno liderado por el PSOE ha provocado una situación insostenible, que aumenta la desigualdad y solo favorece a los grandes tenedores que especulan con los precios y cambian el rostro de los barrios, mientras millones de inquilinos dedican cada vez una parte mayor de sus rentas del trabajo a pagar alquileres desorbitados.   

Los datos no engañan: entre 2015 y 2025, la renta media personal creció un 50% y los salarios, alrededor del 30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla, un 87%. Desde hace años, sufrimos un atraco a mano armada consentido por todas las Administraciones. Según el último boletín del Ministerio de Vivienda, en España apenas hay 318.000 viviendas públicas, lo que supone un 1,3% del total de pisos disponibles. Según la OCDE, en Países Bajos el 34% del parque de vivienda se destina al alquiler social. Le siguen Austria (24%), Dinamarca (21%), Reino Unido (16%) y Francia (14%). Se llama abandono institucional.  

El momento es excepcional porque buena parte de la sociedad ha dicho que no podemos seguir así. Nos roban nuestro salario a cambio de un techo para enriquecer a unos cuantos. La vivienda se ha convertido en un negocio fabuloso para rentistas, fondos buitres y bancos, colectivos muy cercanos a la derecha y la extrema derecha, habituados a controlar la agenda y el relato mediático, e incluso a utilizar a gorilas neonazis para desalojar a inquilinos en apuros.  

Entre 2015 y 2025, la renta media creció un 50% y los salarios cerca del 30%, mientras que comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla un 87%

El 26 de septiembre algo cambió. Cerca de medio millón de personas abarrotaron la capital del Estado y varios miles acamparon frente a la sede de la Comunidad madrileña, ese laboratorio del rentismo desaforado, gobernado por una presidenta amante de los áticos de lujo y de los negocios opacos público-privados. La gente se ha levantado con enorme dignidad y ha dicho basta. No solo contra los gobiernos autonómicos de PP y Vox. También ha dicho, alto y claro, que el Gobierno de Pedro Sánchez es responsable de esta situación. El PSOE y sus aliados han permitido en estos ocho años que el sistema de especulación y rentismo se haya reforzado impunemente, sin haber aprobado ninguna medida digna de ser llamada de izquierdas, aceptando sin más las reglas de un mercado totalmente amañado. Estas son las desastrosas consecuencias. 

El Gobierno ha reaccionado a toda prisa esta vez, y ha aprobado en el Consejo de Ministros del martes 29 no uno, sino dos decretos. El primero, pactado con la mayoría de investidura, recoge la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Además, PSOE y Sumar han pactado la renovación automática de los alquileres, que irá en el segundo real decreto, destinado a decaer en el Parlamento en el pleno extraordinario que se celebrará este mismo viernes, 2 de octubre.  

Desde CTXT consideramos que las medidas adoptadas son tardías, ineficaces y del todo insuficientes. La sociedad exige un cambio estructural en el sistema de vivienda, no un parche oportunista y/o temporal que no mejorará en nada, a medio y largo plazo, la brutal injusticia social que genera un mercado incontrolado. Para caminar hacia ese horizonte, creemos que es urgente que los sindicatos de inquilinas y los de clase organicen una huelga general por la vivienda. Porque los derechos solo se conquistan o se recuperan en la calle, mediante la lucha organizada de la clase trabajadora y de los estudiantes. Y porque el momento histórico lo exige: se trata de acabar para siempre con la consideración de la vivienda como un negocio especulativo para unos cuantos millonarios, y de que las casas sean tratadas como un bien de primera necesidad indispensable para que todas las personas puedan tener una vida digna.