Maíllo llama a la movilización popular para forzar la aprobación en el Congreso de los dos decretos de vivienda

El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a mantener una «movilización popular por todo el país» con vistas a la votación en el Congreso de los Diputados de los dos reales decretos impulsados en materia de vivienda. El dirigente de izquierdas ha instado a ejercer presión en la calle de aquí al próximo viernes para asegurar la validación parlamentaria de unas medidas enfocadas en la protección del alquiler.

Presión social antes de la votación parlamentaria

Durante su intervención ante los medios para valorar la actualidad política, Maíllo enfatizó la necesidad de un empuje social que condicione el sentido del voto de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

«Creo que de aquí al viernes, todo el mundo debe estar concentrado en una movilización popular por todo el país para empujar a la aprobación de los reales decretos en el Congreso».

El líder de IU advirtió directamente a aquellas formaciones políticas que estén sopesando rechazar el paquete legislativo, señalando que la negativa a convalidar los textos tendrá consecuencias en sus respectivas circunscripciones electorales. En este sentido, remarcó que oponerse a estas iniciativas supondrá un claro «coste electoral» para las fuerzas que decidan frenarlas, argumentando que «el impulso de la calle no se detiene».

Unificar la estrategia en materia de vivienda

Respecto al formato del paquete legislativo presentado por el Gobierno de coalición, Antonio Maíllo admitió que la preferencia de su formación era haber unificado el contenido en un solo texto normativo. «Nos hubiera gustado un solo decreto», reconoció el portavoz, aludiendo a la fragmentación de la iniciativa en dos reales decretos distintos.

Pese a esta discrepancia sobre la fórmula de tramitación, Maíllo recalcó la urgencia de convalidar ambas normas en el Congreso sin fisuras, al considerar prioritario blindar las coberturas para los inquilinos, garantizar el acceso a la vivienda y frenar los abusos en el mercado inmobiliario.