Durante las últimas campañas, la cesta de la compra de las familias españolas se ha visto gravemente castigada por el precio del aceite de oliva, un bien de primera necesidad que llegó a convertirse en un objeto de lujo. Ahora que la naturaleza y las lluvias han traído una cosecha abundante —con previsiones que superan los 1,6 millones de toneladas— y que la lógica del mercado debería traducirse en un alivio inmediato para el bolsillo ciudadano, la industria y la administración preparan el freno de mano.

Bajo el eufemismo de «autorregulación de mercado» o «mecanismo de retirada de producto», la normativa en tramitación habilita la posibilidad de almacenar de forma obligatoria hasta un 20% del aceite de oliva producido. ¿El objetivo confeso? Evitar que el exceso de oferta haga caer los precios en origen.

Manipulación de la oferta: cuando el mercado se tuerce

En cualquier otro ámbito económico, retener mercancía de manera coordinada para mantener los precios inflados artificialmente y restringir la oferta a la población se califica sin rodeos: es especulación.

Si un grupo de distribuidores o intermediarios decidiera por su cuenta esconder mercancía en almacenes para impedir que el consumidor se beneficie de una bajada de precios, las autoridades actuarían con contundencia por manipulación del mercado. Sin embargo, cuando este acaparamiento estratégico se disfraza de decreto de ordenación sectorial, el desabastecimiento provocado pasa a llamarse «estabilización».

El mecanismo opera bajo una lógica perversa: cuando el ciudadano sufre la escasez por sequía, paga los precios por las nubes; cuando hay abundancia, se retira el producto para que no pueda beneficiarse de la bajada.

El toque de atención de Competencia

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tenido que salir al paso de esta regulación para advertir de sus efectos distorsionadores. Retirar hasta la quinta parte de la producción estimada reduce artificialmente la oferta disponible, penaliza a las familias de menor renta y distorsiona el funcionamiento competitivo de la cadena de valor.

El consumidor no puede seguir siendo el único eslabón que asume los riesgos del mercado. Legitimar el acaparamiento para blindar márgenes en origen no solo frena el alivio económico que millones de hogares esperan tras años de inflación, sino que sienta un precedente peligroso: consagrar por norma lo que, en defensa del interés general, debería considerarse un delito contra el mercado y los consumidores.