Diez mitos sobre el conflicto palestino-israelí (séptimo mito)

Mito 7: La acción militar israelí contra sus vecinos solo persigue defender a Israel del terrorismo…

Mito 7: La acción militar israelí contra sus vecinos solo persigue defender a Israel del terrorismo

Los hechos dicen otra cosa. Tomemos, por ejemplo, la devastadora guerra israelí contra el Líbano de 1982. Como ha documentado extensamente el analista político Noam Chomsky en su épico análisis “The Fateful Triangle”, esta ofensiva militar fue llevada a cabo sin apenas excusa alguna.

Aunque se pueden leer relatos contemporáneos que insisten en que esta guerra se libró en respuesta al bombardeo constante del norte de Israel por parte de la OLP, que entonces estaba refugiada en aquel país, lo cierto es que, a pesar de las continuas provocaciones israelíes, la OLP respetó el alto el fuego en vigor, con unas pocas excepciones. Además, en cada uno de estos casos, fue Israel quien violó el alto el fuego en primer lugar.

Entre las provocaciones israelíes acaecidas a comienzos de 1982, tenemos los ataques y hundimientos de botes de pesca libaneses y las centenares de violaciones de las aguas territoriales libanesas. Israel cometió, también, miles de violaciones del espacio aéreo libanés, pero nunca consiguió provocar una respuesta de la OLP que sirviera como casus belli para la planeada invasión del Líbano.

El 9 de mayo, Israel bombardeó Líbano, lo cual provocó, finalmente, la respuesta de la OLP, que lanzó cohetes y disparos de artillería contra Israel.

A continuación, un grupo terrorista dirigido por Abu Nidal intentó asesinar al embajador israelí en Londres, Shlomo Argov. Aunque la misma OLP había estado en guerra con Abu Nidal, que había sido condenado a muerte por un tribunal militar de Fatah en 1973, y a pesar del hecho de que Abu Nidal no tenía sus cuarteles generales en el Líbano, Israel utilizó este hecho como excusa para bombardear los campos de refugiados de Sabra y Chatila, matando a 200 palestinos. La OLP respondió atacando asentamientos del norte de Israel. Pero el estado judío no consiguió provocar el tipo de respuesta a gran escala que estaba esperando utilizar como casus belli para su planeada invasión.

Como ha sugerido un estudioso israelí, Yehoshua Porath, la decisión israelí de invadir el Líbano, lejos de ser una respuesta a los ataques de la OLP, “procedía del hecho de que el alto el fuego había sido respetado”. Porath escribió en el diario israelí Haaretz que “la esperanza del gobierno es que la debilitada OLP, carente de una base logística y territorial, regrese al terrorismo anterior. […] De esta forma, la OLP perdería parte de la legitimidad política que había ganado […] y se conjuraría el peligro de que se desarrollaran entre los palestinos aquellos elementos que podrían constituir un negociador legítimo de futuros arreglos políticos”.

Otro ejemplo, en esta ocasión tomado de la operación Plomo Fundido, que se desarrolló entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009. Antes de que Israel atacara a la asediada e indefensa población de la Franja de Gaza, Tel Aviv había llegado a un acuerdo de alto el fuego con el gobierno de Gaza, Hamas. En contra de lo que se cree, fue Israel y no Hamas quien puso fin al alto el fuego.

Los medios de comunicación occidentales dijeron que la operación Plomo Fundido fue la respuesta al lanzamiento de “miles” de cohetes por parte de Hamas contra territorio israelí, violando de esta forma la tregua.

La verdad es que, desde el inicio del alto el fuego en junio hasta el 4 de noviembre, Hamas no disparó ningún cohete, a pesar de las numerosas provocaciones israelíes, sus operaciones represivas en Cisjordania y los ataques de soldados israelíes contra gazatíes en la frontera, que causaron varios heridos y al menos un muerto.

El 4 de noviembre de 2008, Israel violó de nuevo el alto el fuego lanzando ataques aéreos y una incursión terrestre en Gaza que causó varios muertos. Hamas respondió, finalmente, con el lanzamiento de cohetes, que dio paso a continuos ataques de un lado y otro. La tregua había terminado.

A pesar de la evidente mala fe de Israel, Hamas ofreció reanudar el alto el fuego, cuyo periodo de vigencia terminaba oficialmente en diciembre. Israel rechazó la oferta y lanzó un violento castigo colectivo contra la población de Gaza.
Tal como señaló el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo de Israel, la tregua “trajo un periodo de calma relativa para la población del Neguev occidental”, con 329 ataques con cohetes y morteros, “la mayoría de ellos durante el mes y medio posterior al 4 de noviembre”, cuando Israel ya había violado y terminado de hecho la tregua. Esto contrasta abiertamente con los 2.278 ataques con cohetes y morteros de los seis meses anteriores a la tregua. Hasta el 4 de noviembre, señaló el centro, “Hamas se cuidó de mantener el alto el fuego”.

Si Israel hubiera querido mitigar la amenaza de los ataques de los militantes palestinos, no debería haber terminado el alto el fuego, que había supuesto una drástica reducción de este tipo de ataques, incluyendo la eliminación de todos los protagonizados por Hamas. Pero bien al contrario, Israel recurrió a la violencia, lo cual, como era fácilmente previsible, provocó una mayor amenaza de ataques de represalia a gran escala por parte de los grupos palestinos.

Por otra parte, aunque Israel pudiera decir que los medios pacíficos se habían agotado y que era necesario recurrir a la fuerza militar para defender a su población civil, eso no fue claramente lo que ocurrió. Al contrario, Israel atacó deliberadamente a la población civil de Gaza con ataques sistemáticos e intencionadamente indiscriminados y desproporcionados contra áreas residenciales, hospitales, escuelas y otros lugares que tenían población civil protegida por el derecho internacional.

Como observó Richard Goldstone, un respetado jurista internacional que encabezó la investigación de la ONU sobre la operación Plomo Fundido, los medios con los que Israel llevó a cabo esta operación no fueron consistentes con sus objetivos declarados, sino que fueron más indicativos de un acto deliberado de castigo colectivo contra la población civil.