Morón
El PSOE en el gobierno municipal aprueba pagar más de 3.000 € a Radio Morón-Cadena SER en contra del criterio de Intervención
Al estilo Ayuso, casi sin control y sin ningún tipo de pudor, Juanma y los suyos terminarán la legislatura regando como nunca a sus medios afines Radio Morón y moroninformacion.
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha aprobado el pago de 3.281,60 euros a Bética de Comunicación, S. L., sociedad que actualmente explota Radio Morón-Cadena SER, por los servicios de comunicación en radio y redes sociales correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026.
Lo llamativo del decreto no es solo el importe abonado, sino que el pago se aprueba pese a existir un informe en contra de Intervención de fecha 5 de junio, al que el propio decreto hace referencia antes de resolver favorablemente el abono de las facturas.
El Ayuntamiento sostiene que «carece de medios propios»
Uno de los argumentos utilizados para justificar la contratación externa es que el Ayuntamiento «carece de medios de comunicación propios para garantizar dicha difusión», por lo que considera necesario recurrir a empresas externas para divulgar proyectos, actividades y campañas institucionales.
Sin embargo, esta afirmación resulta difícil de conciliar con la realidad organizativa del propio Ayuntamiento.
El Consistorio dispone de personal encargado de elaborar notas de prensa, además de producir contenido audiovisual y gráfico para la difusión de la actividad municipal.
Precisamente durante los últimos años la presencia institucional del Ayuntamiento en redes sociales ha aumentado considerablemente gracias a estos recursos propios, sobre todo en deporte.
La pregunta que surge es evidente: si el Ayuntamiento dispone de personal y medios para generar y difundir información institucional, ¿qué justifica destinar más de 3.200 euros a un servicio externo para realizar una labor que, al menos en parte, ya se presta desde la propia administración?
Una contratación «provisional» que vuelve a repetirse
El decreto explica que anteriormente existía un convenio con Radio Morón para la inserción de publicidad institucional y que, tras la desaparición de dicha entidad, ha sido necesario contratar estos servicios con una nueva empresa del sector.
No obstante, la empresa adjudicataria es Bética de Comunicación, S. L., sociedad que actualmente gestiona la emisora Radio Morón-Cadena SER, es decir, la continuidad empresarial del mismo medio de comunicación local.
El documento añade que la licitación pública para estos servicios quedó desierta y que, por ello, el Ayuntamiento ha optado por una solución provisional mientras tramita un nuevo procedimiento.
Sin embargo, esa provisionalidad vuelve a traducirse en contratos menores sucesivos para un servicio cuya necesidad, precisamente por ser recurrente, debería quedar resuelta mediante una contratación estable y plenamente ajustada a los principios de publicidad y concurrencia.
El reparo de Intervención
Otro aspecto especialmente relevante es que el decreto reconoce expresamente la existencia de un informe de Intervención sobre el expediente.
Aunque el contenido íntegro de dicho informe no se incorpora al decreto, el hecho de que el órgano fiscalizador emitiera observaciones y que, aun así, el alcalde resolviera aprobar el pago plantea interrogantes sobre la forma en la que se está gestionando esta contratación.
La función de la Intervención municipal es precisamente advertir de posibles incidencias o incumplimientos en la gestión económica, por lo que no deja de llamar la atención que el pago se autorice pese a las objeciones formuladas por este órgano de control.
Más allá del importe
Los 3.281,60 euros aprobados pueden parecer una cantidad reducida dentro del presupuesto municipal, pero el debate de fondo trasciende la cifra.
Por un lado, se abre la discusión sobre la necesidad de contratar externamente servicios de comunicación cuando el Ayuntamiento cuenta con estructura y personal propio para desarrollar buena parte de esas funciones.
Por otro, vuelve a ponerse sobre la mesa la utilización reiterada de contratos provisionales para cubrir necesidades permanentes, una práctica que ha sido objeto de observaciones en numerosas administraciones por parte de los órganos de control.
