Morón
Privilegio celestial en Morón: El Ayuntamiento de Morón perdona el IBI a la Iglesia mientras el pueblo paga la cuenta
Nuevas exenciones fiscales para la Hermandad del Calvario confirman que las arcas públicas siguen financiando, por omisión, el inmenso patrimonio de una institución multimillonaria.
Mientras miles de familias de Morón se preparan para afrontar las subidas del coste de vida y los recibos de la contribución, el Ayuntamiento de la localidad acaba de firmar un nuevo decreto que blinda los privilegios de los que más tienen. La Hermandad del Santo Cristo del Calvario y Nuestra Señora ha sido la última beneficiaria de un sistema diseñado para que el clero y sus entidades afines vivan en un paraíso fiscal permanente.
El decreto de alcaldía, dictado tras una solicitud presentada en marzo de 2026, resuelve conceder una exención total en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el edificio situado en la calle Marchena, 34. Bajo el amparo de la anacrónica Ley 49/2002 y el Concordato, la Iglesia Católica continúa evitando contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de los que se beneficia diariamente.
Un agujero negro en las arcas públicas
Resulta insultante que, en pleno siglo XXI, una institución que atesora un patrimonio inmobiliario y financiero incalculable —valorado en miles de millones de euros a nivel global y nacional— siga mendigando exenciones en pequeños municipios.
La resolución municipal estipula que este beneficio fiscal tendrá carácter indefinido. Es decir, que los vecinos de Morón han sido condenados a financiar indirectamente el mantenimiento de inmuebles religiosos de forma perpetua.
¿Sin fines lucrativos?
El argumento legal se escuda en el concepto de «entidad sin fines lucrativos». Sin embargo, esta etiqueta palidece ante la realidad de una Iglesia que funciona como una maquinaria perfectamente engrasada de captación de recursos, gestión de inmuebles y rentas. Mientras un comerciante local lucha por pagar el IBI de su pequeño local, la Hermandad del Calvario simplemente tiene que presentar un formulario para que la administración pública le «perdone» sus obligaciones ciudadanas.
Este decreto no es solo un trámite administrativo; es un recordatorio de que la separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una ficción en los ayuntamientos españoles. El pueblo de Morón, una vez más, paga el diezmo moderno a través de sus impuestos, manteniendo los privilegios de una institución que, pese a sus riquezas, nunca tiene suficiente.
