Aqualia denuncia ahora la «inseguridad jurídica» con la que el Ayuntamiento de Morón ha gestionado la extinción de su contrato

Desde este 1 de diciembre, cumpliendo la voluntad popular representada por una mayoría aplastante en el pleno municipal,   es el Consorcio Plan Écija-Areciar es la empresa pública que  gestiona el servicio de suministro de agua en Morón de la Frontera, que tiene sede en Calle Utrera 54, local. 

_Desde este 1 de diciembre, cumpliendo la voluntad popular representada por una mayoría aplastante en el pleno municipal,   es el Consorcio Plan Écija-Areciar es la empresa pública que  gestiona el servicio de suministro de agua en Morón de la Frontera, que tiene sede en Calle Utrera 54, local. 

Pese a que el pleno del Ayuntamiento de Morón aprobó de manera expresa la firma y publicidad del Convenio de Colaboración con el Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” (Areciar) por el que le cedía el abastecimiento del agua (el Consorcio ya gestiona desde 2014 servicio de depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales) una vez finalizara el contrato con Aqualia, esto es el 20 de junio de 2021, la empresa privada defiende en una nota de prensa “la legitimidad de la cláusula de su contrato que le otorga una prórroga tácita para seguir gestionando el Servicio Municipal de Agua por 5 años más y ha pedido continuar en el servicio mientras la justicia se pronuncie al respecto”

Dos de las bazas con las que cuenta el Ayuntamiento para justificar la citada extinción del contrato con Aqualia es el citado acuerdo y que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, quedó suprimida la prórroga tácita de los contratos administrativos son una de las dos principales razones por las que el Consistorio ha entendido que “no cabe” esta prórroga tácita que reclama la empresa, y que le ha llevado a judicializar la extinción de su contrato.

Pese a todo,  Aqualia sigue asegurando que “la empresa comunicó al Ayuntamiento hace meses que, al no existir ningún acuerdo expreso aprobado por el Pleno oponiéndose, el contrato de concesión se encontraba prorrogado automáticamente hasta 2026 según quedaba recogido en una cláusula del mismo”. Ante el rechazo a esta prórroga por parte del Ayuntamiento, acudió a los Juzgados para dirimir la controversia, solicitando además al Juzgado continuar prestando el servicio mientras tanto (lo que se conoce como medidas cautelares), algo que fue inicialmente denegado. Esta decisión la ha vuelto a recurrir la empresa al TSJA.

Otras de las cuestiones que sorprenden de la nota de prensa de    Aqualia es que asegura que “continúa prestando el servicio de abastecimiento” a la espera de que el TSJA se pronuncie, pese a que ella misma reconoce tácitamente que la plantilla dedicada al abastecimiento de agua (el alcantarillado seguirá siendo suyo  años más) ha sido subrogada por la empresa pública ARECIAR: “como que los 8 trabajadores del servicio de abastecimiento, 2 de los 4 trabajadores del servicio de alcantarillado, y el responsable de los contratos de Aqualia, no se presentaron a trabajar, por lo que la empresa tuvo que desplazar personal de otros lugares para poder continuar prestando el servicio con garantías en Morón”.

No menos incompresible es como la empresa sigue sosteniendo que  “el Ayuntamiento en ningún momento ha notificado a Aqualia la finalización del contrato, ni la nueva fecha de fin de contrato, para lo que es necesario que haya una resolución del Pleno aprobándolo o un Decreto  de Alcaldía, lo que nunca se ha producido”, cuando existe un decreto firmado el pasado 8 de junio por el propio Alcalde titulado  “finalización concesión servicio municipal domiciliario de agua y alcantarillado FCC AQUALIA, S.A” y que la propia entidad privada recurrió.

“Igualmente preocupante le resultó a Aqualia constatar que personal no autorizado había entrado en instalaciones críticas del servicio de abastecimiento, que a fecha de hoy siguen bajo su responsabilidad legal, por lo que tuvo que proceder a denunciar el hecho a las autoridades”, añade la empresa privada, que advierte  al Ayuntamiento de las consecuencias  que esta presunta “inseguridad jurídica” pudiera traer para “la prestación segura del servicio, así como para sus trabajadores, que en la mayoría de los casos llevan más de 30 años en la compañía, y que pueden perder todos los derechos que tenían en ésta si en el traspaso del servicio no se siguen los procedimientos legalmente establecidos”.       

Aqualia, que denomina su estancia en Morón como  “fructífera colaboración público-privada” (sobre todo fructífera para los intereses privados) lamenta que se haya visto alterada “con decisiones arbitrarias y manifiestamente ilegales, por no esperar algunas semanas la sentencia del TSJA”.