Morón
Morón fue en 2023 el tercer municipio de España de más de 20 mil habitantes que más invirtió en servicios sociales
La precaria situación económica de buena parte de la población de nuestra Comunidad tiene como reflejo que sean tres municipios andaluces (entre los de más de 20.000 habitantes) lo que lideran la inversión social según un estudio nacional.



La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha constatado que «solo» el 5,2% de los 404 ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes, alcanzan la «excelencia» por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante y año, y entre ellos destacan tres localidades andaluzas, las de Baza (Granada), Alcalá la Real (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla).

De esta manera, el estudio habla de 21 ayuntamientos «excelentes» frente a 46 que son «pobres» en dicha materia, con menos de 61,27 euros por habitante. Baza (Granada), Alcalá la Real (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla) son los ayuntamientos que más invierten, y Galapagar (Madrid), San Vicente de Raspeig (Alicante) y Torrelodones (Madrid), los que menos.

Así lo refleja el informe publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el que analiza los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de ‘Servicios Sociales y Promoción Social’, con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2023 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Según el estudio, consultado por Europa Press, la mediana de gasto efectuada por el conjunto de los 404 ayuntamientos analizados se sitúa en 102,12 euros por habitante, lo que representa un aumento del 7,98% con respecto al ejercicio precedente, con una inversión total en Servicios Sociales superior a los 4.012 millones de euros, un 8,7% más que en el ejercicio 2022.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 13 ayuntamientos vuelve a ser la que más municipios aporta al ranking, debido fundamentalmente, según los autores del estudio, a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el servicio de ayuda a domicilio derivado del sistema de la dependencia, y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las entidades locales andaluzas; seguida de Cataluña, con tres; País Vasco y Comunidad Valenciana con dos, y Galicia con un ayuntamiento.












