Por Carlos Magariño Rojas en El Comun

(Este artículo es una relación de datos objetivos que pueden buscarse con una simple conexión de internet).

En la noche de ayer Israel ha bombardeado Rafah, el último lugar de la Franja de Gaza donde se refugian cientos de miles de palestinos. Se trata de una ciudad superpoblada, último recurso de millares de familias palestinas. En redes sociales llegan ya videos -horriblemente convertidos en habituales- con imágenes de niños y bebés asesinados.

Mientras tanto, el presidente de España, Pedro Sánchez, aún enredado en su malestar de hombre enamorado afectado por el «lawfare», comenta en su cuenta que «la comunidad internacional no puede permanecer impasible ante esta tragedia». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en que «hay que reconocer el Estado palestino», pasado ya medio año de la intensificación brutal de un conflicto calificado por tribunales internacionales como Genocidio.

En realidad, parece irrelevante que el Gobierno fuese el de Coalición o cualquier otro formado por el PP o Vox. Como veremos, la economía política marcha a diferentes velocidades y hay cuestiones en las que las decisiones funcionan a un supra nivel estatal independientemente de qué partido del espectro capitalista se encuentre al mando.

Los datos: España vende armas a Israel y lo ha hecho en los últimos meses, desde diciembre de 2023, pese a la promesa de haber suspendido la venta de armamento.

En la página de Plataforma de Contratación del Sector Público puede comprobarse que una empresa española, Escribano Mechanical & Engineering, fue la adjuticataria de un contrato por valor de 576.449.112 euros, para la fabricación del Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM). Se trata de un arma letal desarrollada por la firma israelí Elbit Systems y que ya ha sido probada en combate en los territorios ocupados de Palestina y Líbano.

Entre los múltiples contratos que pueden consultarse en esta plataforma, destaca también el efectuado a la empresa española, situada en Torrejón de Ardoz, PAP Tecnos, por valor de 237.558.439 euros, para la fabricación del misil contracarro Spike Segunda Fase, a pedido de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems.

DATO:Sólo en estos dos contratos, de entre los múltiples contratos, los importes ascienden a más de 800 millones de euros, en la fabricación y venta de armas que ya han sido probadas y podrían ser usadas por el ejército de Israel.

Más datos curiosos.

Estos contratos, ganados en concurso (en los informes de contratación se especifica que por motivos de ser la «oferta más ventajosa», aunque probablemente haya pocas o ninguna otra empresa capacitada para fabricar ese tipo de artículos) son obtenidos por empresas como Escribano Mechanical & Engineering. Esta empresa en 2023 se hizo con el 8% de las acciones de la multinacional Indra (empresa que cotiza en el IBEX 35), convirtiéndose en su segundo mayor accionista.

La empresa que compra esos misiles SILAM probados ya en Gaza, Elbit, cotiza en el Mercado de Valores de Tel Aviv así como en el NASDAQ, esto es, el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, siendo la primera la Bolsa de Nueva York.

Por su parte, PAP Tecnos aspira a ser el contratista principal a nivel mundial de ese tipo de armas anticarro, para lo que precisa de la asociación con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd, empresa que produce armas para Israel y cuyos logros tecnológicos son secretos. Es por eso que seguir el rastro de los propietarios y accionistas es más complicado, pues para preservar ese secreto de sus acciones prefiere no hacer públicas sus relaciones con la bolsa.

DATO: estas empresas participan del accionariado que componen selectos grupos como el IBEX 35 en España o el NASDAQ en EEUU, en los que también participan fondos de inversión como BlackRock

Así pues, podría decirse que la política, la que vemos en la apariencia parlamentaria, va a una velocidad diferente de la que podría considerarse la política real, la económica.

Recuerda al famoso ejemplo que se emplea para explicar la teoría de la relatividad, sobre dos personas que viajan a una velocidad similar desde un tren y un coche. La velocidad depende del punto de referencia, es relativa.

En política, la velocidad de las acciones también es relativa. Para las «soluciones» de reconocimientos de Estados, los plazos pueden abarcar meses. E incluso pueden quedarse suspendidos en el limbo toda una legislatura, aunque lo pidan con mucha fuerza las vicepresidentas.

Pero la venta de armas se resuelve en días y, además, es permanente, no depende del color del Gobierno, sino del interés económico de las empresas que cotizan en el IBEX, a nivel domestico, o en NASDAQ, a nivel global.

Similar a la velocidad de las soluciones diplomáticas son, también, las decisiones administrativas que podrían dedicar esas cantidades millonarias a -por ejemplo- la maltrecha Sanidad Pública o a la expoliada Educación Pública. Todo es relativo, como vemos.