Morón
El TSJA ve indicios de delito en la contratación del asesor del Alcalde de Morón
La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA) insta a Fiscalía a abrir una investigación para comprobar si el alcalde de Morón cometió delito al contratar como asesor al exgerente de la extinta empresa municipal Altos del Sur, Rafael Fernández…
La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA) insta a Fiscalía a abrir una investigación para comprobar si el alcalde de Morón cometió delito al contratar como asesor al exgerente de la extinta empresa municipal Altos del Sur, Rafael Fernández, al que habría indemnizado tras su despido con 15 mil euros que no le corresponderían , un mes antes de contratarlo como asesor.
En una sentencia de la que la Sala de los Social de Sevilla del TSJA, publicada el pasado 29 de junio, se estima parcialmente un recurso de Rafael Fernández contra el Ayuntamiento de Morón de la Frontera. En ella se declara la extinción laboral de alta dirección (en la Altos del Sur) del actor por desistmiento del empleador, condenando al Ayuntamiento a pagar al actor la sumas de 19.463,56 € en concepto de indemnización aun no percibida, y 6.461.91 € en concepto de preaviso.
En la misma sentencia, se indica sobre el cese de Rafael, al ser un trabajador de alta dirección en Altos del Sur, “la legislación española fija una indemnización de unos días de servicio, no siendo un despido sino un desistimiento de contrato y que fija una indemnización de 21.000 euros”.
El TSJA añade que “teniendo en cuenta que en la carta de despido que firmó este Ayuntamiento ya se le ofreció al demandante una indemnización de 36.000 cuando legalmente solo tenía derecho a 21.000, esta sala no puede condenar a una cantidad inferior a la ofrecida y admitida por el demandante”. Esto significa que Fernández recibió 15.000 euros más de indemnización de lo que estaría dispuesto por ley, según el tribunal.
Así, un mes después de que la empresa municipal Altos del Sur se fuera a pique, su gerente, Rafael Fernández -quien a su vez fue colocado en esa empresa por el gobierno del PSOE de Párraga- fue contratado por el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez. En cuanto a esta contratación la Sala precisa “resulta cuanto menos llamativo el hecho de que una corporación local pudiendo suscribir un contrato de alta dirección con el actor (Rafael Fernández) en atención a las funciones que realiza, lo formalice como relación laboral común con la desproporcionadas consecuencias que esto traería en una futura extinción por la que la que el demandante solicita 99.000 euros de indemnización, que no puede olvidarse es dinero público”.
Para el jurado de este tribunal resulta “aún más asombroso que en tanto se dilucida judicialmente esta petición frente al Ayuntamento de Morón, el actor vuelva a ser contratado esta vez como “asesor personal de confianza” del alcalde”.
En razón de lo que acaba de indicarse, el TSJA ha procedido a “deducir testimonio al Ministerio Fiscal por si los hechos pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación o cualquier otro”.