UGT elevará al plano estatal el conflicto de la base de Morón en demanda de «estabilidad» para la plantilla

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el secretario de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y el secretario de UGT-FICA Sevilla, Manuel Ponce, se han reunido este viernes…

_La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el secretario de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y el secretario de UGT-FICA Sevilla, Manuel Ponce, se han reunido este viernes con los delegados de la sección de UGT en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos, en torno a la demanda de la plantilla de garantizar la "estabilidad" de los más de 300 empleos del personal civil español del recinto castrense.

Estos trabajadores están ligados al contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África para los servicios de mantenimiento e intendencia de la base aérea, un contrato hasta ahora en manos de la sociedad estadounidense Vectrus y cuya nueva adjudicación ha recaído recientemente en la empresa norteamericana de ingeniería, construcción y logística KBR.

KBR, recordémoslo, formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de dicho contrato entre 2010 y 2015, precisamente antes de que el mismo fuese encomendado a Vectrus.

Durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares, una advertencia que persiste actualmente.

Avisando de que desde 2010 la base ha perdidos unos 300 empleos indefinidos, Castilla se ha comprometido a elevar de nuevo el asunto al plano estatal y exigir que el Convenio de Cooperación de Defensa entre España y Estados Unidos, que se renueva cada ocho años y que expira el próximo 22 de mayo, "recoja la garantía de la continuidad del personal civil español en el mantenimiento de las instalaciones de la base de Morón y, en todo caso, la conversión a personal laboral local de estos empleos, para darles mayor estabilidad".

Y es que durante su etapa, "Vectrus se ha dedicado a sustituir a trabajadores españoles por militares estadounidenses retirados, aprovechando que estos últimos tienen menor coste impositivo y no cotizan a la Seguridad Social española"; y los precedentes de KBR como parte de VBR al frente de los servicios civiles de la base se traduce en "el despido de 250 trabajadores mediante tres ERE, llegando a militarizar tres departamentos en 2014".

"Asimismo, desde el verano, la presión por parte de Vectrus y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre los trabajadores españoles de la base de Morón, y sobre sus legítimos representantes, ha ido creciendo. De tal forma que desde hace cuatro meses al secretario general de la sección de UGT en la Base se le retiró el acceso informático para acceder a los datos necesarios para realizar su trabajo como técnico de prevención, y aún no le ha sido devuelto, por lo que el caso está denunciado en la Inspección de Trabajo", indica el sindicato.