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La Junta quiere que los profesores dejen de entrar como funcionarios y no haya oposiciones
Plantea un sistema parecido al de los médicos, un proceso de formación de varios cursos sin examen y por contratación directa de cada centro…
- _Plantea un sistema parecido al de los médicos, un proceso de formación de varios cursos sin examen y por contratación directa de cada centro
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha indicado en una entrevista que quiere acabar con el sistema de oposiciones para acceder a la plaza de profesor, y que este sistema sea sustituido por un proceso de dos años de formación con contratación directa por el centro.
Esto tiene dos implicaciones: la primera es que las contrataciones directas implican no acceder a una plaza de forma objetiva, y la segunda, por consiguiente, es que si no se accede por método objetivo, el profesor nunca podría llegar a ser funcionario, por no cumplir con el mínimo legal exigido.
En palabras a ABC, él mismo asume que su sistema es “revolucionario, transformador, no sé cómo calificarlo”. En la práctica, implica dejar de dotar poder al profesor para dárselo a cada centro particular.
A su juicio, esas pruebas deben ser propuestas por cada centro: “No sé si una entrevista personal, un ejercicio… Luego durante los cuatro años del grado hay que hacer prácticas, desde el primer curso. Porque igual detectamos ahí a quien no vale y había pasado el primer filtro”.
Asimismo, el sistema planteado sería similar al de los médicos, un “MIR de profesores”, con una duración de “dos años para que se especialicen”. Luego, tras los cursos de carrera y especialización “se le habilita como profesor y se le contrata. Sin oposiciones, que pase a dar clases”.
Resulta curioso que la propia tendencia reclamada por Ciudadanos y puesta en marcha por el PP de Rajoy de llevar a cabo un proceso de funcionarización en las administraciones públicas, para acabar con las contrataciones a dedo y enchufismos, va en la línea exactamente contraria. Además, aumenta sobremanera el poder de las administraciones autonómicas, toda vez que dota a las consejerías y a las direcciones de centro de distinguir perfiles según sus propios intereses no objetivos sino subjetivos, como denuncian que ya ocurre entre profesores proindependencia en Cataluña.
