La Junta multa con 920.000 euros a Telefónica y 820.000 a CaixaBank por abusos a consumidores

Andalucía. La titular de la Secretaría General de Consumo, Lola Muñoz, radicada en la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, cuyo responsable es Diego Valderas,…

Andalucía. La titular de la Secretaría General de Consumo, Lola Muñoz, radicada en la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, cuyo responsable es Diego Valderas, elevó para su aprobación al Consejo de gobierno celebrado el martes pasado dos fuertes sanciones a dos grandes empresas, por sendos abusos en su relación con las personas consumidoras. Ambas sanciones resultaron aprobadas por el gobierno andaluz.

Se trata, en primer lugar de Telefónica, una operadora de telefonía que es todo un clásico en su desprecio a los derechos de las personas consumidoras. En este caso quedó probado que su filial de móviles no informó, ni en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato, del coste del servicio de detalle de llamadas, y que tampoco indicó los precios en los contratos de pospago, infracción que se sanciona con 350.000 euros. Asimismo, la empresa no facilitó facturas independientes de los servicios de tarificación adicional ni contratos a las personas usuarias finales en la modalidad de prepago, pese a su solicitud expresa (sanción de 350.000 euros). Finalmente, la Inspección de Consumo comprobó que la operadora no atendió las solicitudes de desconexión de los servicios de mensajería ‘Premium’ y de llamadas internacionales, que permanecieron activados con los consiguientes perjuicios económicos (sanción de 220.000 euros).http://bit.ly/1l1SP6s

En el caso de Caixabank, la decisión se concreta en dos expedientes, que tienen su origen en 483 reclamaciones recibidas en los servicios de consumo de la Junta. El 24 de septiembre de 2013 el Consejo ya impuso una sanción de 455.000 euros a Caixabank por el mismo motivo y en los últimos dos años los servicios de Consumo de la Junta han registrado 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo.

De acuerdo con los procedimientos sancionadores instruidos, que se iniciaron en abril de 2013 tras la investigación de las denuncias presentadas por las personas usuarias, se considera probado que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas. En algunos casos, las personas afectadas no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra. Tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía.

Estos hechos, plasmados en 26 denuncias contra la antigua Cajasol y ocho contra Banca Cívica, son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración.