La Junta dispuesta a solucionar las irregularidades del Colegio “Miguel Rueda” de Paradas.

En la mañana de hoy,31 de agosto de 2012, en la Diputación Provincial de Educación de Sevilla, la Diputada del Parlamento Andaluz, Marina Segura (Izquierda Unida), junto a los concejales…

En la mañana de hoy,31 de agosto de 2012, en la Diputación Provincial de Educación de Sevilla, la Diputada del Parlamento Andaluz, Marina Segura (Izquierda Unida), junto a los concejales de servicios sociales, participación ciudadana y la concejala de educación de Paradas, se reunieron con el Delegado Provincial de Educación de Sevilla, Francisco Morilla, y los representantes del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) , Fernando Vital y Juan Luis González, con el objetivo de desbloquear la situación del CEIP  Miguel Rueda de Paradas.

Hace dos años la Junta de Andalucía concluyó la obra de construcción de edificio nuevo del único centro educativo del municipio de Paradas, que fueron ejecutadas por la empresa Heliopol.  A pesar de que la Junta recepcionó  las obras, el ayuntamiento de Paradas no le ha concedido todavía licencia de ocupación por deficiencias y falta de documentación, que en este tiempo ha estado requiriendo el ayuntamiento de forma continua, tanto al ente público andaluz ISE, como a la empresa constructora.

Desde que IU ocupa el gobierno local , la búsqueda de solución a este problema ha sido un objetivo prioritario para el gobierno municipal y en especial  para  su concejala de educación , Irene Bascón.

En la reunión de esta mañana,  gestionada por la diputada Sevilla de IU, se ha llegado a un compromiso de diálogo de todas las partes, que se hará efectivo en una mesa  de trabajo donde estarán todas las partes implicadas, que son, el Ayuntamiento, Delegación Provincial de de Educación, empresa constructora, ente público Andaluz   ISE, AMPA y dirección del centro educativo.

Marina Segura, al finalizar esta reunión se mostro “muy satisfecha”, por la actitud de colaboración de la partes  para solucionar el problema, y el compromiso adquirido por la administración autonómica para “poner fin a una situación que dura ya 2 años” y que nunca se debería haber permitido que se alargara en el tiempo “si, realmente como dice el ISE, todo los pasos legales se han dado correctamente.”