El Ayuntamiento de Morón paga 696.282 euros a proveedores con reparos de Tesorería y sin Plan de Tesorería aprobado

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha aprobado mediante decreto de Alcaldía el pago de 696.282,33 euros a diversos proveedores, pese a que el propio informe de Tesorería advierte de que el Consistorio no cuenta actualmente con un Plan de Tesorería aprobado, un instrumento que la normativa establece para ordenar los pagos municipales.

El decreto, fechado tras una propuesta del alcalde de 24 de marzo de 2026, autoriza el abono de facturas correspondientes a distintos servicios municipales, asociaciones, clubes deportivos y empresas proveedoras. Entre los pagos incluidos figuran importes relevantes como 417.961,76 euros a Valoriza Servicios Medioambientales, 91.503,30 euros a Talleres Suministros Comerciales y Reparaciones Automoción, 36.699,63 euros a Eulen Servicios Sociosanitarios o 23.845,65 euros a Limcamar, además de cantidades menores destinadas a asociaciones y entidades deportivas.

Sin embargo, el informe del tesorero municipal incorporado al expediente señala expresamente que el Ayuntamiento no tiene aprobado un Plan de Tesorería, documento que corresponde elaborar al alcalde-presidente. Según ese mismo informe, dicho plan debería tener en cuenta la prelación de pagos establecida en la legislación vigente, es decir, el orden legal en el que las administraciones deben afrontar sus obligaciones económicas.

A pesar de esta advertencia, el decreto de Alcaldía resuelve proceder al pago de las facturas incluidas en el expediente, que abarcan principalmente servicios prestados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, además de algún suministro correspondiente a diciembre de 2025.

El expediente vuelve a poner de manifiesto una situación que ya se ha señalado en otros informes municipales: la ausencia de un Plan de Tesorería que regule y priorice los pagos del Ayuntamiento. Este instrumento es clave para garantizar que las obligaciones económicas de la administración local se atiendan conforme al orden legal, que suele priorizar gastos como la deuda financiera, las obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria o las nóminas del personal.