La Audiencia de Sevilla ha condenado a 17 años de cárcel al preso de la prisión Sevilla-II, de Morón de la Frontera, que fue declarado culpable por un jurado popular de asesinar en febrero de 2023 a su compañero de celda tras asfixiarlo con un cordón, y ha considerado responsable civil subsidiario al Estado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal sevillano condena al acusado por un delito de asesinato con la circunstancia atenuante de confesión.

Además de los 17 años de prisión, le impone el pago de una indemnización total de 257.809 euros a la familia de la víctima por el daño moral producido, y declara respecto a dicha cantidad la responsabilidad civil subsidiaria de Instituciones Penitenciarias.

En su veredicto, el jurado consideró probado que los hechos se produjeron el 28 de febrero de 2023, cuando el acusado, una vez finalizada la comida de mediodía, subió a la celda que compartía en ese momento con la víctima.

Sobre las 15:30 horas, aprovechando que su compañero se encontraba sentado en una silla de espaldas, se aproximó por detrás y, de forma súbita y sorpresiva, con ánimo de acabar con su vida, se abalanzó sobre él.

Le apretó el cuello con las manos y brazos ejerciendo presión, y con uso de un cordón a modo de lazo, no le dejó oportunidad para defenderse.

Una vez lo dejó inconsciente en el suelo, le anudó el cordón por un extremo al cuello y por el otro a la barra de la litera y lo ahorcó, según recoge la sentencia de la Audiencia, que señala que el encasado causó la muerte de su compañero de celda por asfixia mecánica-estrangulación.

El jurado consideró probado que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse ni de huir, ya que en esos momentos el cierre automático de las puertas de las celdas estaba activado.

Antes del inicio del procedimiento, el condenado reconoció los hechos, lo que facilitó su investigación, motivo por el que se le aplica la atenuante de confesión.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Audiencia considera proporcional y adecuadas las cantidades solicitadas por la Fiscalía para los familiares.

Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pone de manifiesto que el centro penitenciario tiene el deber de salvaguardar la vida e integridad física de los internos.

La Audiencia señala que el centro tiene la «inexcusable función» de garantizar la custodia del interno y la indemnidad del mismo mientras permanece en prisión.

La Fiscalía pidió la condena de 17 años de prisión para el procesado, solicitud a la que se adhirieron las acusaciones particulares. EFE