El Alcalde y Rodri privatizan a dedo el servicio de control de accesos a edificios municipales hasta final de año

El gobierno municipal del PSOE ha vuelto a adjudicar un contrato menor a dedo y sin pasar por un proceso de un concurso abierto y transparente…

_El gobierno municipal del PSOE ha vuelto a adjudicar un contrato menor a dedo y sin pasar por un proceso de un concurso abierto y transparente. Se trata del –recientemente- privatizado control de acceso a varios edificios municipales como el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el edificio de servicios sociales, que quedan adjudicados durante 3 meses a la empresa TRIMAR S.L.

El coste total de estos servicios, visto el precio de la hora (10.98 euros) y las horas contratadas, rondará los 11.500 euros, lo que ha permitido – nuevamente- al gobierno municipal esquivar la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que obliga a abrir concurso público para que las empresas presenten ofertas cuando el precio del contrato supera los 15.000 euros.

La cosa es que esta misma empresa es adjudicataria desde junio de este  mismo servicio en un proceso que, también, se realizó a dedo y cuyo importe, si lo sumáramos al de esta nueva adjudicación superaría con creces los 15.000 euros.  Todo esto puede llevar a la sospecha que el equipo de gobierno del PSOE estaría despedazando la necesidad de cubrir este servicio en pequeños contratos, lo suficiente como para poder contratar a dedo cada uno de ellos.   

Como el anterior, este nuevo proceso de adjudicación de tres meses con TRIMAR, no cuenta  con el visto bueno  de Intervención.  No obstante,  el Delegado de Contratación Pública, Economía y Empleo, Antonio Rodíguez, como el propio Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, han obviado estos reparos para contratar a la empresa sevillana.

EL GOBIERNO USA UNA LEY EUROPEA PARA SALTARSE LA LIMITACIÓN DE CONTRATOS A DEDO

El Gobierno habría decidido en febrero modificar el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), un punto de la compleja norma que entró en vigor en marzo de 2018 y que buscaba reducir las prácticas relacionadas con la corrupción, como el fraccionamiento de los contratos para poder realizar adjudicaciones 'a dedo'. 

Hasta ahora, el expediente debía justificar que "no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación", es decir, demostrar que no se estaba fraccionando de forma fraudulenta. Pero ahora se suprime el requisito de justificar que "el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente superen" los márgenes por los que el contrato se considera menor: 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios y 40.000, cuando se trate de contratos de obras.  

El cambio "elimina la necesidad de justificar que el contratista no ha suscrito con la misma administración otros contratos menores que -individual o conjuntamente- superen la cuantía que limita los contratos menores y los define", explica María José Rovira, socia y coordinadora del área de Público y Regulatorio de Ceca Magán Abogados. Por lo que, a partir de su entrada en vigor este mismo jueves, las administraciones podrán contratar repetidas veces con el mismo empresario a lo largo del mismo año, cuando antes se veían obligadas a cambiar en determinadas circunstancias.