Adelante Andalucía pide a la Junta una auditoría de las residencias de mayores de Sevilla

Sánchez Castillo insta a Salud a implementar un sistema de residencias 100% público, universal y de calidad.

Sánchez afirma que desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se han convertido en uno de los principales focos de contagio de COVID-19 ya que el  63,41% de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad, en la primera oleada, de personas con coronavirus se produjo entre mayores que vivían en residencias de ancianos.

Desde la formación de izquierdas se critica la falta de transparencia y la mala gestión de la información que normalmente hay y que supone una enorme angustia e incertidumbre a las familias de los residentes, que en muchos casos han conocido el nivel de propagación del virus de las residencias por la prensa.

El diputado critica el modelo de privatización y mercantilización de los cuidados a las personas mayores y asegura que se ha evidenciado fracasado, algo muy denunciado por IU incluso antes de que llegara la emergencia sanitaria, al considerar que está basado en la obtención de beneficio a costa de la precariedad de las trabajadoras/es y de la salud de los residentes. “La crisis actual no ha hecho más que poner sobre la mesa todos los problemas que se venían sufriendo desde hace años: falta crónica de personal, precariedad laboral y escasez de recursos”, sostiene Sánchez.

“En las últimas semanas hemos vuelto a asistir con horror a la propagación de la Covid-19 en las residencias de mayores, lo que evidencia que los protocolos son ineficaces y por ello instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar una auditoría sobre la gestión que las empresas privadas han hecho durante la crisis sanitaria en cada una de las residencias de personas mayores”, informan desde IU.

En este sentido, el diputado ha registrado una iniciativa en la Comisión de Salud del Parlamento para conocer qué mecanismos de intervención pública urgente tiene la Junta de Andalucía para los casos en los que las empresas gestoras no puedan garantizar la seguridad y la atención plena a residentes.

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