Opinión
Opinión. «¿Libertad versus Responsabilidad?»
Lo advierto. Voy a entrar en un terreno resbaladizo, complicado y con muchas aristas del que difícilmente saldré bien parado: la libertad como derecho absoluto o condicionado…
_Lo advierto. Voy a entrar en un terreno resbaladizo, complicado y con muchas aristas del que difícilmente saldré bien parado: la libertad como derecho absoluto o condicionado por la responsabilidad del individuo con la colectividad.
Traigo a colación esta reflexión filosófica por las implicaciones que ha supuesto la declaración del Estado de Alarma en la esfera de los derechos individuales, particularmente en la libertad de circulación y movimientos, libertad de manifestación y reunión, libertad de empresa e incluso libertad de expresión por el confinamiento acordado por el Gobierno mediante el Real Decreto 463/2020 con apoyo en el artículo 116 de la Constitución.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón había autorizado la celebración de una manifestación convocada para el 1º de Mayo, advirtiendo la cuestionable constitucionalidad del artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma argumentando que sólo cabe la suspensión de derechos en un Estado de Excepción. Sin embargo el Tribunal Constitucional, tribunal no jurisdiccional y garante, entre otras funciones, de las libertades y derechos fundamentales, avala la prohibición de manifestaciones convocadas para el 1º de Mayo por motivos sanitarios y “evitar la propagación de una enfermedad grave” y “el contagio masivo”, anteponiendo el derecho a la salud individual y colectiva al de manifestación, no entrando a valorar si el Real Decreto del Estado de Alarma es suficiente constitucionalmente para suspender o limitar derechos o si bien la figura jurídica adecuada hubiese sido la declaración del Estado de Excepción.
Existen otras sentencias de Tribunales Superiores de Justicia en un sentido u otro. Pero no quiero convertir este artículo en una exposición jurídica, que solo me sirve como antesala de una propuesta más política.
Una vez constatada la propagación del virus Covid 19 en nuestro país, qué posibilidades de actuación tenía el poder político, y es una pregunta no una exclamación. Si bien el Gobierno tuvo que deliberar analizando distintas opciones, el fin estaba claro: garantizar la menor repercusión de la enfermedad sobre la salud individual y colectiva. Por tanto, son los modos y los medios empleados sobre los que puede existir discrepancia.
El confinamiento como decisión política para garantizar la salud y descongestionar la asistencia médica de la población, fundamentalmente la de urgencias y la intensiva, obviamente limita libertades públicas de los ciudadanos. Cuestionar dicha decisión por la ciudadanía y por los partidos de la oposición es democráticamente aceptable, pero echo de menos la exposición de los medios alternativos que se puedan plantear para solventar un fin sobre el cual no existe discrepancia alguna. ¿Qué alternativa política existía?. Y no es una pregunta retórica para justificar la acción del actual Gobierno. Es una pregunta dirigida a la oposición para que exponga su plan de actuación, lo dé a conocer y se pueda comparar. No existe otra intención. Sumar posibilidades porque somos lo que hacemos.
Y me refiero exclusivamente a las limitaciones de libertades impuestas por el Estado de Alarma en pro de la salud colectiva, sin entrar en las medidas sociales y económicas adoptadas por el Gobierno para atenuar sus consecuencias. Esto último podrá ser objeto de otro artículo.
La declaración del Estado de Alarma ha limitado las siguientes libertades: la libertad de circulación y movimiento porque nos ha obligado a estar en casa con las excepciones y por los motivos que todo el mundo conoce, con la única finalidad de mitigar la propagación del virus, buscar otra intención es indeseable; la libertad de manifestación y reunión, limitando el derecho no para impedir la expresión colectiva que conlleva sino para evitar las aglomeraciones; libertad de empresa con el cierre de los establecimientos comerciales no esenciales y la imposición de normas en la organización de la producción empresarial, igualmente no con la intención de impedir u obstaculizar la iniciativa y actividad económica sino por motivos estrictos de salud pública; e incluso se ha dicho que se ha limitado la libertad de expresión en su vertiente pasiva (derecho a recibir información) y activa (derecho a informar y exponer opiniones), aquí discrepo que se haya producido la menor limitación, la ciudadanía ha tenido y tiene a su disposición todos los medios de información públicos y privados, televisión, radio, prensa escrita y digital, redes sociales…; lo de los bulos es otra cuestión que ya trató mi hermano Paco en su artículo “Cerca del Castillo” publicado en esta mismo medio “La Voz de Morón” en fecha 10 de abril último y al que me remito.
En situaciones complicadas como la que vivimos, no es (al menos en regímenes democráticos) la imposición del Gobierno la que obliga a la renuncia de derechos a la ciudadanía, es la responsabilidad del individuo para con su sociedad y su compromiso voluntario lo que lo define. El filósofo y maestro Don Emilio Lledó en su libro ”Memoria de la Ética” expone “que la definición de voluntario (ekoúsion en griego clásico) la palabra tiene que ver con una raíz indoeuropea que significa lo que se hace con gusto, fácilmente, fluidamente, sin violencia.”
Obviamente esa voluntariedad del individuo en su condición de ciudadano que supone una renuncia limitada y temporal a sus derechos y libertades, requiere previa y simultáneamente razones suficientes en las que fundarse, a saber:
- Conocimiento pleno y consciente de la finalidad de las medidas que el poder pretende adoptar, porque sin conocimiento no existe responsabilidad.
- Información puntual y veraz de la situación para poder valorar la eficacia de las medidas conforme al esfuerzo personal exigido.
- Un poder político receptivo a la valoración crítica del individuo y de los grupos sociales y políticos, por tanto, solícito a la colaboración y el consenso.
- Por último, un poder político que sepa tras salvar la situación de emergencia, asumir su responsabilidad política dejando que la ciudadanía tenga la última palabra sobre la bondad o no de su actuación.
Por tanto, la responsabilidad ciudadana es muy exigente y debe ser asumida por el individuo-ciudadano, pero requiere estudio y conocimiento, deliberación y elección, porque ello crea realidades políticas que a su vez generan experiencias eficaces para afrontar las diferentes problemáticas que ofrece la vida pública y que afectando a la colectividad condiciona la vida particular de cada uno. La vida personal o es consciente de la realidad colectiva o no es vida.
Para aquellos que desdeñan la política, la buena política, añado este párrafo de la obra que luego diré, su lectura es interesante:
“Si esto es así, debemos intentar determinar a grandes rasgos (tÿpoi), al menos cuál es este bien, y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Esta es, manifiestamente, la política. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en la ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos, además, que las facultades más estimadas lo están subordinadas, como la estrategia, la economía y la retórica. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe además qué se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella, incluirá el fin de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo el bien del individuo, y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo”.
Aristóteles de su obra “Ética a Nicómaco” Siglo IV a.C. párrafo transcrito por el filósofo Emilio Lledó en su libro ”Memoria de la Ética”.
Don Emilio Lledó interpreta este texto confiriendo a Aristóteles la aceptación de la política como saber dominante y organizador que salva la soledad del individuo.
Si esto es así, y no dudo de la solvencia intelectual de ambos filósofos separados secularmente, la responsabilidad del individuo es influir en la política por los medios que a su alcance estén, pero siempre desde el conocimiento y la exigencia.
Termino este texto con el regusto de quien no se ha explicado bien, por divagar y generalizar en exceso, por eso apelo a la inteligencia indulgente de quien amablemente me haya leído.
J.R.H.