Fiscalía pide un año de prisión a seis acusados por desahuciar a Alhucema del CSO Julio Vélez de Morón

Morón. La fiscal pide un año de prisión e inhabilitación especial en el derecho de sufragio pasivo (poder ser elegido) a las seis personas que se  hicieron responsables, mediante su firma, de romper la cerradura de la oficina de “Alhucema” en el Centro Social Julio Vélez, despojarla de sus enseres y llevarlos a la torre gorda del Castillo, amenazando con agredirlos si volvían por allí….

Morón. La fiscal pide un año de prisión e inhabilitación especial en el derecho de sufragio pasivo (poder ser elegido) a las seis personas que se  hicieron responsables, mediante su firma, de romper la cerradura de la oficina de “Alhucema” en el Centro Social Julio Vélez, despojarla de sus enseres y llevarlos a la torre gorda del Castillo, amenazando con agredirlos si volvían por allí. La fiscal, en el auto dirigido al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Morón asevera que: “Los hechos anteriormente relatados constituyen  un delito de coacciones, previsto y penado en el artítulo 172 del Código Penal”.

La fiscal de Osuna, Esperanza Pérez Cabot, redactó el pasado 23 de diciembre de 2015 un auto dirigido al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Morón de la Frontera que dicho juzgado recepciona el 13 de enero de 2016.

En dicho escrito la fiscal dice, en el primer apartado, que las citadas seis personas se hicieron responsables el 25 de mayo de 2011(3 días después de las elecciones municipales 2011) de efectuar “un cambio de cerraduras en las puertas de acceso a las oficinas utilizadas por la Asociación “Alhucema”…y trasladaron los enseres …a la Torre del Castillo,…con la finalidad de desalojar a la Asociación …” Y continúa diciendo: “La Asociación Alhucema recuperó sólo una parte de los enseres en agosto de 2013, y algunos de ellos resultaron deteriorados o inservibles como consecuencia del traslado y abandono que sufrieron”

En el segundo apartado la fiscal asevera que: “Los hechos anteriormente relatados constituyen  un delito de coacciones, previsto y penado en el artítulo 172 del Código Penal”

Dicho artículo dice lo siguiente: “El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliera a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código”

En su quinto apartado, la fiscal  se especifica: “Procede imponer a cada uno de los acusados un año de prisión” y la inhabilitación especial señalada.

En el apartado de responsabilidad civil la fiscal manifiesta que los acusados “indemnizarán conjunta y solidariamente…a Alhucema en la cantidad que se determine tras la celebración del juicio por los efectos no recuperados o deteriorados…con aplicación de los intereses legales…artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LEC)”

Por su parte el abogado de “Alhucema”, el letrado moronense Pablo López Blanco, como acusación particular, en escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 que lo registra con fecha de entrada 3 de febrero de 2016 solicita dos años de prisión para los encausados además del pago de las costas (incluidos los emolumentos de la acusación particular)

Además pide una indemnización de 7.011 euros a los acusados de forma conjunta y solidaria por los efectos no recuperados o deteriorados, más los intereses legales que señala el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC)

Hasta aquí los escritos de la fiscal y del abogado particular.

A continuación reproducimos un escrito que nos ha hecho llegar Alhucema:

Por su parte “Alhucema” tiene el deber de refrescar la memoria a aquellas personas que no saben de qué va este asunto o lo han olvidado.

No en vano han pasado casi cinco años desde del desahucio violento  del SAT contra la Asociación de Iniciativas “Alhucema” que había dado cobijo en el Centro Social y Cultural “Julio Vélez” por dos veces al sindicato que entonces se llamaba SOC.

Los dirigentes del SAT de Morón, con el conocimiento de sus máximos responsables, entre ellos Diego  Cañamero, fueron los verdaderos urdidores del desalojo (desahucio) de “Alhucema”. Pero actuaron con total cobardía y no fueron ellos quienes dieron la cara sino que utilizaron  lo que se llama “hombres y mujeres de paja” para que se responsabilizaran ellos de dicha acción.

Ninguno/ninguna de los máximos responsables de esta operación figura en el sumario. Consiguieron su objetivo sin dar la cara. Por eso les acusamos de cobardía. Han pringado a seis personas para salirse con la suya: ser los usufructuarios del local de la calle Soria.

Pero no hay ningún motivo para tener lástima de ninguna de esas seis personas. Nadie les puso ninguna pistola en el pecho para firmar su propia responsabilidad. Esas seis personas dieron una rueda de prensa posteriormente al desalojo haciéndose plenamente  responsables  del desahucio. Parecían muy seguros de lo que habían hecho y dispuestos a afrontar con gallardía las consecuencias de sus actos.

Hasta que el juez los mandó llamar. Entonces dieron marcha atrás.

Ante el juez negaron saber nada del desahucio y mucho menos que ellos hubieran participado. La gallardía mostrada cuando todos juntos perpetraron el delito (había aquella nefasta noche en la que firmaron voluntariamente su responsabilidad en los hechos sobre 40 sujetos y sujetas que intentaron amedrentar al presidente de “Alhucema”) se convirtió en cobardía y vergüenza.

Porque hay que tener poca vergüenza para decir ante el juez que uno no ha hecho algo que está grabado audiovisualmente y que, previamente, has reivindicado.

¿Qué había pasado mientras tanto? Pues que sus abogados les habían aleccionado que habían cometido un delito y que podían dar con sus huesos en la cárcel. Además de la multa que les podía caer. Así que sus abogados les recomendaron que negaran los hechos. Y así lo hicieron.

Pero el mal estaba hecho y las pruebas (por su propia chulería) eran irrefutables  puesto que hasta había una grabación audiovisual donde se hacían responsables.

Esta falta de coherencia, esta cobardía mostrada, es la principal prueba de cargo de que hasta ellos mismos saben que no tienen razón, como se demostrará en el juicio oral. Actuaron algunos con odio y otros con total estulticia. Algunos/algunas ni se dieron cuentan de que los estaban utilizando. A otros les iba la marcha.

Desahuciaron a “Alhucema”, de la peor manera, de un inmueble en el que los miembros de la asociación solidaria  habían echado muchas horas de trabajo y dinero y que era, en esos momentos la única asociación fundadora y, por tanto, la que más tiempo (unos veinte años) permanecía en el local. “Alhucema” da cobijo al SOC, previa petición de ingreso, y va el huésped  y desaloja con violencia al propietario. Esto no tiene nombre. Es peor que los desahucios de los bancos o de un vecino que no paga el alquiler. Esta monstruosidad estará pendiente sobre la cabeza y sobre la conciencia (el que la tenga) de los dirigentes del SAT y por extensión de todos sus miembros.

Hay gente que se hacen los locos. Que no quieren hablar del tema. Le dan de lado.

Nosotros no nos vamos a callar ni vamos a dejar de reivindicar nuestros derechos hasta que no se nos repongan.

Por cierto un dato que deja bien a las claras quiénes son estos dirigentes del SAT. Cuando se llevaron todos nuestros enseres a la Torre del Castillo (después de varios años de roturas de cerraduras, carteles, papeles, robos de los equipos informáticos, agresiones a algunos de nuestros socios…) se les olvidó llevar también cincuenta sillas rojas con la marca “Mahou”. Resulta que les venían muy bien para la terraza y allí siguen, sirviéndose de ellas como si fueran propias. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama robar.

¿Por qué no hemos ido por ellas? Porque nos amenazaron de que no apareciéramos por allí. Nosotros no íbamos a poner en riesgo la integridad física de ninguno de nuestros asociados. Así que no nos dejaron más camino que el de apelar, pacíficamente,  a la justicia que existe.

Decimos lo anterior porque el licenciado en derecho, abogado y miembro del SAT y concejal de AMA, Antonio Escobar, se permitió increpar públicamente a un miembro de “Alhucema”  que había llevado a la policía al Centro Social y Cultural “Julio Vélez”

¿A quién acudiría él si le roban el coche o se lo destrozan? ¿A las Hermanas de la Caridad o a las Filipenses? ¿O quizás le hubiera gustado más que nos tomáramos la justicia por nuestras manos?

Este asunto sólo puede tener un final justo: que se restituyan todos sus derechos a “Alhucema” Si no es así no acabará jamás. Será recordado por las generaciones por venir. Al menos nosotros vamos a hacer todo lo posible porque no se olvide.