El Gobierno de Rajoy pretende llevarse los juzgados a Sevilla tras el verano

Morón. El lunes, 16 de junio, convocado por Compromiso Social por Morón, movimiento social generalista  formado por sindicatos como CC.OO.  y UGT, organizaciones políticas como…

Morón. El lunes, 16 de junio, convocado por Compromiso Social por Morón, movimiento social generalista  formado por sindicatos como CC.OO.  y UGT, organizaciones políticas como Izquierda Unida y el PCE, y asociaciones  de todo tipo, desde feministas, como NEREA, a educativas , vecinales, de solidaridad o culturales, tuvo lugar en  el Salón de Actos de Comisiones Obreras una  charla sobre los recortes  que el Ministerio de Justicia pretende realizar, a la vuelta del verano, si no encuentra quien se lo impida.

Luis Calero, del Sindicato de Justicia de CC.OO. y Antonio Hormigo, de la Asociación de Juzgados de Paz y de Proximidad, miembros ambos de una Plataforma creada en Sevilla con el nombre de “SOS JUSTICIA”, fueron las personas encargadas de explicar a los asistentes que los cambios ya realizados con la Ley de Tasas y el intento de privatizar determinados servicios (como los Registros Civiles) y los proyectos legislativos en curso del Gobierno de Mariano Rajoy y de su ministro Ruiz Gallardón constituyen un verdadero torpedo en la línea de flotación del sistema judicial español, al intentar desmantelar el servicio público de la administración de Justicia, pilar esencial del Estado social y democrático de derecho que propugna la constitución de 1978.

Además de ilustrarnos sobre el carácter autoritario y antidemocrático  y partidista de la reforma que pretende Gallardón, intentando tapar la boca a los jueces prohibiéndoles hablar en público, determinando a su gusto la composición de los tribunales de justicia,… lo más escandaloso es la pretensión de que los Juzgados radiquen, todos, en la capital de cada provincia.

En un principio hicieron público que pretendían reducir el número de partidos judiciales. Concretamente en la provincia de Sevilla, con quince partidos judiciales actuales, querían dejar sólo cinco. Pero Luis y Antonio nos dijeron que esa información estaba desfasada. Que lo que el anteproyecto en curso dice es que no quedará ningún juzgado de Instrucción ni de Primera Instancia en ninguna ciudad, que todos radicarán en Sevilla.

De ser aprobado el anteproyecto de ley en sus actuales términos, ni  en Morón de la Frontera, ni en ninguna parte de la provincia existirían juzgados de primera instancia e instrucción. Todos los ciudadanos de las provincias tendríamos que desplazarnos a Sevilla, la gestión y tratamiento de datos personales y privados, hasta ahora encomendados a funcionarios públicos, pasaría a manos de gestores privados.

También supondrá la desaparición de cientos de puestos de trabajo  en la provincia y de la actividad económica que se genera en torno a los juzgados. Los trabajadores y trabajadoras fijos tendrán que desplazarse a Sevilla o convertirse en itinerantes por toda la provincia.

Ante este panorama  Luis y Antonio instaron a la ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas  a tomar postura contra el cierre de los juzgados, contra las tasa judiciales que impiden el acceso a la justicia, contra la privatización de los Registros Civiles, y  en defensa del servicio público de la Administración de Justicia de calidad, universal, gratuito y de acceso en condiciones de igualdad.

Del posterior intercambio de puntos de vista salió la iniciativa de divulgar el tema en todo el pueblo a través de las organizaciones que forman Compromiso Social.