ACAIP denuncia la desprotección de una funcionaria acosada en la prisión de Morón y la inacción de Instituciones Penitenciarias

El sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario, ha denunciado públicamente una grave situación de desprotección laboral y falta de respuesta efectiva en el Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera, donde una funcionaria de vigilancia continúa expuesta a un «situación clara» de acoso por parte de un interno sin que la Administración haya adoptado medidas reales para garantizar su seguridad.

Los hechos se remontan al 13 de enero, cuando un interno clasificado en FIES 4 remitió una carta a la trabajadora con un contenido que, según el sindicato, evidencia una clara fijación personal y conducta de acoso. En el escrito, el preso afirmaba frases como “llevo tiempo observando cómo trabajas”, “me gustaría que tomásemos un café y conocernos mejor” o “te facilito mi nombre en Facebook y mi teléfono”, un comportamiento especialmente preocupante dado el perfil del interno y el contexto penitenciario.

La funcionaria actuó de forma inmediata y profesional, comunicando los hechos a la Dirección del centro. Desde allí se le trasladó que el interno sería trasladado a otro establecimiento penitenciario como medida de protección. Sin embargo, a 22 de enero, dicho traslado no se ha producido, lo que ha obligado a la trabajadora a seguir coincidiendo con el interno en el módulo o, alternativamente, a ser ella quien se vea apartada de su puesto habitual.

Para ACAIP, esta situación supone una revictimización intolerable, ya que en la práctica se castiga a la trabajadora que denuncia mientras el autor del acoso no asume consecuencia alguna. El sindicato alerta de una doble vara de medir por parte de la Administración Penitenciaria, especialmente grave al producirse pocos días después de la publicación de la Instrucción I-1/2026, que establece protocolos de actuación inmediata frente a la violencia sexual en el medio penitenciario.

Dicha instrucción obliga a actuar con urgencia ante cualquier indicio de acoso, priorizando la protección de la víctima y evitando cualquier forma de revictimización. Sin embargo, según denuncia ACAIP, cuando la víctima es una trabajadora penitenciaria, la respuesta se dilata, se minimiza el riesgo y se deja al personal expuesto, priorizando de facto los derechos del agresor frente a la seguridad laboral.

“El cambio de puesto de la funcionaria no es una solución, es una injusticia”, subraya el sindicato, que considera que esta actuación evidencia una contradicción estructural en la gestión penitenciaria: protocolos exhaustivos para internos, pero falta de diligencia y sensibilidad cuando el acoso lo sufre el personal.

Ante esta situación, ACAIP exige:

• La adopción inmediata de medidas eficaces para proteger a la funcionaria afectada.
• El traslado urgente del interno, tal y como fue comunicado por la Dirección.
• La aplicación de protocolos de prevención y actuación frente al acoso también para los trabajadores penitenciarios.
• El fin de una política que penaliza a quienes actúan correctamente y denuncian situaciones de riesgo.

“El sistema penitenciario no puede funcionar si quienes garantizan su seguridad y su tratamiento trabajan desprotegidos”, concluye el sindicato. “Sin trabajadores protegidos no hay seguridad, ni tratamiento, ni sistema penitenciario posible”.