Investigación de la UCO refleja como la Junta paga a Alcaldes del PSOE por no trabajar

De las investigaciones de la UCO se desprenden que muchos de estos ediles del PSOE no desarrollaban tareas productivas, cobraban por «dormir» y leer la prensa en horario de trabajo…

De las investigaciones de la UCO se desprenden que muchos de estos ediles del PSOE no desarrollaban tareas productivas, cobraban por «dormir» y leer la prensa en horario de trabajo, según compañeros de trabajo.

Los investigadores de la Guardia Civil definen a Francisco Aguilera Acevedo, ex alcalde socialista de Montellano (Sevilla), como «personal no cualificado y que no desarrollaría tareas productivas». En noviembre de 2003, el histórico regidor fue fichado con la categoría de «técnico» por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), pero, a juicio de seis antiguos compañeros suyos,la mayor parte del horario de trabajo lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa.

Aguilera era uno de tantos «trabajadores satélites» en una plantilla sobredimensionadas. Así eran denominados entre los empleados de la Faffe aquellos cuya función consistía en «dar vueltas».

Una testigo, M.P.R., aseguró a la UCO que el exalcalde «cumplía con su horario laboral, pero no tenía ninguna función asignada» y habitualmente lo encontraba «leyendo el periódico y durmiendo» en la oficina. Era un secreto a voces que «lo había colocado el PSOE», añade. Como carecía «de los conocimientos básicos de informática», aunque disponía de un ordenador, «pero pocas veces lo encendió».

Cobraba, eso sí, religiosamente 2.200 euros de salario. Con la liquidación de la Faffe en 2011, se incorporó al Servicio Andaluz de Empleo, donde continuaba al menos hasta el pasado año. Sin embargo, a juicio de otro compañero, sigue realizando «continuas escapadas» con la excusa de hacer sus «gestiones».

Más grave es el caso de Antonio Torres García, ex alcalde de Lebrija (Sevilla), que estuvo a sueldo de la fundación pública de la Junta durante once años sin ir a trabajar. Según los datos que aportó la Agencia Tributaria al juzgado, cobró 535.452,64 euros brutos entre 2006 y 2013. En su declaración policial, M.B.R., otra ex trabajadora, relató que «tan sólo acudía una vez al mes a la sede de la Faffe» en el edificio Galia de Sevilla.

Torres se encuentra entre las 23 personas investigadas por la juez María Núñez Bolaños en la causa sobre las irregularidades en las ayudas para cursos de formación que gestionó la Faffe.

La exsecretaria del exdirector general del ente afirma que «en su tarjeta de visita» constaba como cargo de la Faffe al frente de «la Dirección de Asuntos Exteriores, departamento que físicamente no existía». Otra empleada, M.R.A., declaró que un jefe se lo presentó en 2010 y le comentó que iba a realizar un proyecto de investigación para el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, presidido por el exministro Josep Borrell. Le llamó la atención que tuviera un puesto directivo que no conocía nadie. Al consultar a su jefe, éste le dijo que «mejor no preguntara».

La Faffe también dio cobijo laboral a Manuela Romero, exalcaldesa socialista de Coria del Río (Sevilla), aunque, a diferencia de sus homólogos, tenía fama de trabajadora responsable. En la Fundación trabajaban, además, Pilar Benítez, concejal del PSOE en Alcalá de Guadaíra; Isabel Torralbo, exedil de Adamuz (Córdoba), y dos sobrinas del exdelegado andaluz de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. La lista es interminable.

EL ALCALDE DE MORÓN, ENTRE LOS CARGOS DEL PSOE QUE FORMAN EL 'STAFF' DE VILLALOBOS CON CONTRATOS DE DIRECTIVOS

Fernando Rodríguez Villalobos sólo se fía de los suyos. De los del PSOE. Por eso las empresas y organismos autónomos de la Diputación de Sevilla reproducen fielmente en sus puestos directivos la escala de mando del partido: él mismo como presidente de la junta general de cada una de ellas, en su condición de presidente de la Diputación; por debajo, los respectivos diputados del área, todos ellos alcaldes o concejales socialistas; y más abajo, con contratos de alta dirección y capacidad ejecutiva directa, otros cinco cargos provinciales del PSOE.

Así están organizadas las cinco empresas y organismos autónomos de la Diputación, a excepción en este momento de la Casa de la Provincia, que mantiene vacante el puesto de gerente tras el cese el año pasado de Ángela Mendaro, antigua concejal socialista en Lebrija.

En total, estas cinco sociedades y organismos disponen de 16 contratos de alta dirección, con un coste total para las arcas públicas de 868.971 euros brutos al año. Además de la gerencia de la Casa de la Provincia, hay otros seis puestos sin cubrir pero con consignación prevista en los presupustos. Es decir, pueden ser ocupados en cualquier momento sólo con que el presidente de la Diputación firme el correspondiente nombramiento.

De los nueve contratos de alta dirección restantes, cinco están ocupados por cargos socialistas. Ellos forman el 'staff' de Rodríguez Villalobos: alcaldes y concejales que, en su mayor parte sin una formación específica para la tarea ejecutiva que desarrollan, ocupan cargos teóricamente reservados a técnicos en la materia.

Así ocurre en Sevilla Activa, sociedad creada para la promoción de vivienda pública e infraestructuras. En su dirección ejecutiva figuran un alcalde, el de Morón, Juan Manuel Rodríguez Domínguez, con el cargo de vicepresidente y un sueldo bruto anual de 58.370 euros; y un ex alcalde, Salvador Marcos Nieto, actual portavoz municipal socialista en La Campana, que, como gerente de la sociedad, cobra un sueldo bruto de 69.800 euros. Sevilla Activa dispone este año de un presupuesto superior a los 3 millones de euros y 25 trabajadores.

Al frente de Prodetur, la empresa de promoción turística de la Diputación, figura Antonio Conde, alcalde de Mairena del Aljarafe. Como vicepresidente de la sociedad cobra 58.370 euros. Prodetur tiene en su plantilla otros tres contratos de alta dirección: un gerente, que cobra 69.800 euros brutos al año; y dos coordinadores, cuyas plazas están vacantes en este momento, con sueldos de 40.758 euros.

La misma estructura aparece en la sociedad que la Diputación creó para la innovación tecnológica de las administraciones locales, Inpro. Su vicepresidenta es Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna, a la que no consta ninguna formación específica en materia digital -es licenciada en Derecho y ha ejercido como agente para la Igualdad de Oportunidades y técnica superior de Desarrollo en una empresa pública-. Su sueldo bruto asciende a 58.370 euros anuales.

También aquí hay una gerente (69.800 euros al año) y dos plazas de coordinador a razón de 40.758 euros, de los que una está ocupada por una coordinadora de Comunicación y la otra está vacante.

En el Opaef, el organismo autónomo de la Diputación que se encarga de la recaudación de impuestos, el control político no es menor. Desde 2008 lo dirige Juan Francisco González Alfonso, concejal socialista en Sanlúcar la Mayor hasta las últimas elecciones municipales. En su condición de gerente, cobra 69.800 euros al año.

En la plantilla del Opaef hay otros tres contratos de alta dirección: un adjunto al gerente, con un sueldo de 59.465 euros al año; y dos coordinadores, con una asignación de 40.758 euros en los presupuestos y que en este momento se encuentran vacantes.

Bajo la gerencia de González Alfonso, el Opaef ha acumulado una treintena de condenas judiciales en materia laboral. El organismo provincial ha sido condenado, por ejemplo, hasta en tres ocasiones por las represalias adoptadas contra un mismo trabajador.

El abanico se cierra con la Casa de la Provincia, dedicada a la gestión cultural. Está vacante tanto el puesto del gerente (69.800 euros) como el de coordinador (40.758 euros), ambos con categoría de alta dirección.