La izquierda en Morón pedirá en el pleno derogar la disposición adicional 27 de los PGE para recuperar contratos y servicios

Sendas mociones de Izquierda Unida y AMA propondrán a la corporación municipal de Morón de la frontera votar  a favor de la derogación de la disposición adicional …

Sendas mociones de Izquierda Unida y AMA propondrán a la corporación municipal de Morón de la frontera votar  a favor de la derogación de la disposición adicional 27 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder, de esa manera, poder recuperar las contrataciones y algunos servicios. Esta tarde la llevarán al  Ayuntamiento para su debate en pleno.

Y es que el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017.  La Disposición Adicional 27 en dicho Proyecto hace referencia a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas bien sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores.

Esta nueva medida regresiva ataca al principio de autonomía consagrado en el Artículo 140 de la CE “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

La Disposición Adicional 27 obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los supuestos pilares de la ley de sostenibilidad cual es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

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