El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado la grave conflictividad que padecen las prisiones sevillanas, donde el personal penitenciario ha sufrido agresiones físicas y sexuales. Una realidad que exige medidas urgentes y que no puede normalizarse como parte del trabajo. Según el balance del sindicato, la cárcel de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, acumuló más de 600 incidentes regimentales durante el verano, entre los que destacan algunas agresiones a trabajadores del centro. En Sevilla-I, tres funcionarios han sido agredidos en apenas dos semanas. El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla también ha vivido un verano especialmente grave, con el asesinato de dos internos, incendios y varias agresiones al personal penitenciario.

Ante esta situación, ACAIP-UGT ha destacado la culminación de una reivindicación histórica: el reconocimiento legal como agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones. La reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se publicó ayer en el BOE y entra en vigor este jueves, 15 de octubre.

La organización recuerda que ACAIP ya reclamó este reconocimiento en 2006 y lo incorporó a su programa electoral de 2015. Desde entonces, ha mantenido reuniones con PSOE, PP, VOX y Sumar, trasladando las agresiones y la inseguridad jurídica del colectivo. El sindicato destaca el trabajo realizado con el PSOE para impulsar un texto que incorporase autoridad, indemnidad y veracidad, buscando respaldo por encima de las diferencias políticas. El pasado 26 de septiembre solicitó formalmente al presidente del Senado la tramitación urgente para evitar más demoras.

La reforma reconoce a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y garantiza al personal laboral la misma protección penal. También permite a los funcionarios identificarse mediante su número profesional en procedimientos administrativos y judiciales derivados de su actividad.

Además, refuerza el valor probatorio de sus informes sobre hechos presenciados en los procedimientos disciplinarios penitenciarios, salvo prueba en contrario. El principio de indemnidad establece la obligación de la Administración de resarcir los daños personales o materiales sufridos por razón del servicio, sin dolo, culpa o negligencia grave y en los términos que se desarrollen reglamentariamente; esta garantía también alcanza al personal laboral.

ACAIP-UGT ha advertido de que este avance no sustituye las medidas necesarias para prevenir la violencia. «Exige cubrir las vacantes, actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo y aprobar un protocolo eficaz que contemple las agresiones físicas y sexuales, las amenazas y la atención a las víctimas. Reclama, asimismo, reforzar la asistencia sanitaria y psiquiátrica«.

El sindicato reconoce la profesionalidad de las plantillas sevillanas y expresa su apoyo a los trabajadores agredidos. Hemos luchado durante años por esta protección. «Ahora exigimos que se traduzca en seguridad real: ser agredido no forma parte del trabajo».