Dos cadáveres han sido exhumados hoy en el cementerio de Morón de la Frontera para aclarar un caso de paternidad que inició hace diez años un vecino de Sevilla, sin que se sepa exactamente cuál corresponde a su padre, por lo que ha habido que abrir más de una tumba para realizar pruebas de ADN.

La actuación se ha realizado por orden del titular del Juzgado número 2 de Morón de la Frontera, que ordenó inicialmente la exhumación de hasta cinco cadáveres, aunque finalmente, según fuentes del bufete Osuna, que representa al hombre que presentó la demanda, solo ha sido necesario tomar muestras de dos una vez en el cementerio.

El juez autorizó a exhumar más de un cuerpo al no tener constancia de en qué tumba en concreto estarían los restos de la persona contra la que se presentó la demanda de paternidad, por lo que se ha actuado en dos tumbas de la calle San Fernando, Zona 1 del cementerio.

La autorización se efectuó «para que el médico forense adscrito al mismo o designado, tras dicha exhumación proceda a la extracción de muestras que considere precisa de todos los restos presentes en la mencionada calle y su remisión al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses para la realización de la prueba pericial», según el auto judicial.

El denunciante, que ahora tiene 68 años, inició en 2013 un proceso para realizar a un cadáver una prueba de ADN que certificase su paternidad y acceder a la herencia correspondiente.

En su día consiguió la exhumación del que se creía que era el cadáver de su padre pero cuando se realizaron las pruebas a los restos óseos se comprobó que en realidad se trataba de una mujer.

Este caso ha encontrado problemas en el registro del cementerio de Morón para localizar el verdadero cuerpo, después de que tanto el juzgado como la Fiscalía defiendan que había que averiguar la relación de filiación en base a un estudio del ADN de los huesos.

El caso se inició tras la denuncia del posible hijo, nacido poco después de ser rechazada la madre al conocerse su embarazo, mientras que al demandante, según su defensa, «se le está ocasionando un importante daño moral, ya que ha visto dilatado indebidamente, y por causas no imputables a él, un procedimiento judicial que de media suele durar un año».

EFE