El gobierno municipal lleva al pleno la extinción del contrato de la Piscina Cubierta, que volverá a privatizar

Más de año y medio ha estado Juanma Rodríguez mareando la perdiz con el tema haciendo oídos sordos a las propuestas de Adelante Morón y AMA, pero también con usuarios, que ahora se demuestra llevaban razón.

_Más de año y medio ha estado Juanma Rodríguez mareando la perdiz con el tema haciendo oídos sordos a las propuestas de Adelante Morón y AMA, pero también con usuarios, que ahora se demuestra llevaban razón.

El Ayuntamiento de Morón lleva al pleno ordinario de febrero, a celebrarse este próximo jueves, la apertura de expediente para acordar la extinción del contrato de concesión del servicio público de Piscina Cubierta que tiene actualmente privatizado a través de Surespic,  una empresa que, de manera unilateral, tomó  la decisión en noviembre de 2020 de cerrar la piscina cubierta de Morón con el grave perjuicio que eso produjo a sus usuarios, sobre todo a aquellos que utilizan este servicio por problemas de salud. Hoy en día, hay moroneros y moroneras que son obligados a desplazarse al Arahal para tratar de aliviar sus dolencias con el nado.

Más de año y medio ha estado el gobierno municipal mareando la perdiz. Y no tendría que haber sido así. Informes jurídicos que ahora utiliza el gobierno municipal demuestran ahora que los grupos Adelante Morón(UP) y AMA, pero también los usuarios,  tenían razón cuando se remitían al flagrante incumplimiento de contrato de su empresa para pedir sus rescisión inmediata.

INFORME JURÍDICO

Y decimos que ha sido un tiempo perdido a tenor de lo que refleja un informe jurídico, del que ya tenía constancia Juanma y los suyos desde diciembre de 2020, en el que se dejaba a las claras que el Ayuntamiento no podía admitir de ninguna de las maneras la suspensión parcial y temporal del servicio.  En él se señala que “la respuesta a la cuestión planteada (suspensión del servicio de la piscina) es sencilla por un doble motivo”. En primer lugar, “es inadmisible jurídicamente que una empresa adjudicataria de un contrato administrativo adopte unilateralmente y sin previa resolución expresa medidas que modifique el objeto del mismo”. En segundo lugar, “además no es admisible la pretensión y la actuación adoptada por el adjudicatario por cuanto pretende basarse en apreciaciones subjetiva carente de un apoyo técnico mínimo”.

En lugar de sancionar a la contratista, este equipo de gobierno llegó a aprobar hace pocos meses en el pleno un nuevo rescate a la empresa por unos 20.000 euros, en cumplimiento de esa curiosa política de Juanma Rodríguez que consiste en socializar solo las pérdidas de las empresas pero nunca las ganancias. Afortunadamente ese rescate (que hubiera sido el tercero) no se llegó a dar y Surespic parece que tiene los días contados como gestora de las instalaciones municipales que, según ha podido saber esta redacción, será gestionada por una “empresa puente” hasta su nueva licitación.

Porque si, habrá una nueva licitación y el servicio volverá a manos privadas. Juanma Rodríguez y su equipo no aprenden de experiencias exitosas como la de Arahal, donde el servicio se da con todas las garantías para trabajadores y usuarios desde la gestión pública.

En cuanto a la responsabilidad de la propia empresa y las consecuencias que puede tener para esta el incumplimiento del contrato, otro informe de secretaría, al que ha tenido acceso lavozdemoron.es,  detalla que “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía”, una especia de aval bancario de 30.000 euros,  “y deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.”