El ERE de la Base le costó a EEUU 1,5 millones en enchufes de UGT y del PSOE de Morón

Al trabajador de la base aérea de Morón J.A.G.C. le quedaba un mes para jubilarse definitivamente (tenía la jubilación parcial) cuando lo incluyeron en diciembre de 2010 en el ERE que supuso la salida de 119 empleados de mantenimiento, tras el acuerdo entre la empresa Vinnel Brown & Root LLC (VBR) y los representantes sindicales de UGT y CCOO, mayoritarios en el comité. Si hubiera seguido trabajando, habría cobrado 386,52 euros (tenía jornada reducida) hasta su jubilación cuatro semanas después. Pero, como despedido, lo indemnizaron con una cantidad 371 veces superior, 143,388 euros. Un regalo caído del cielo.

Otro empleado, I.A.O., también jubilado parcial, tuvo la suerte también de que lo incluyeran en el ERE, porque cobró 123.341,40 euros de indemnización, 151 veces más que los 814,38 euros que habría percibido si lo hubieran dejado trabajando los dos meses que le quedaban para su retirada legal. J.M.G.J. cobró 122.824,80 euros a diez meses de su jubilación, y de haber seguido habría recibido 4.339,50, mientras que A.Z.G cobró 123.341,40 en vez de los 13.437,27 de su salario pendiente hasta cumplir los 65.

La mayoría de los que salieron ganando al entrar en el despido colectivo eran miembros de UGT y/o del PSOE, explica al  periódico El Mundo Daniel Zambrana, secretario de la Asociación de Afectados del ERE de la Base de Morón de 2010, integrada por un grupo de despedidos disconformes con el proceso, que denunciaron judicialmente. Los cuatro mencionados eran de UGT; además, J.M.G.J. era hermano de un teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra y A.Z.G., miembro de la ejecutiva socialista de Morón.

Estos cuatro casos (y otros como el de T. D., que ya había cumplido 65 años pero lo echaron con 64.541,96 euros de indemnización) son algunos de los que la asociación ha presentado ante diferentes autoridades de Estados Unidos para pedirles por un lado que investiguen y, por otro, que se personen junto a ellos como acusación particular en el proceso judicial por supuesto fraude. Sostienen que su Fuerza Aérea en Europa (Usafe) habría sido la perjudicada, como pagador de ese ERE a través de su contratista VBR.

La titular del Juzgado de Instrucción 15 de Sevilla archivó el caso pero la Audiencia Provincial, tras el recurso de la asociación y el sindicato USO, le ordenó el mes pasado reabrirlo y practicar las nuevas diligencias que piden los denunciantes, como declaraciones de más testigos. La juez aún no los ha citado. Aprovechando esta reactivación del proceso, la asociación quiere que Estados Unidos haga sus propias investigaciones y se persone en las diligencias judiciales 6.526/2011-M en apoyo de su denuncia.

Con ese objetivo, sus abogados, José Antonio López de Lemus y José Fernández Villa, han remitido un informe sobre las supuestas irregularidades «a la oficina de Contracting [contrataciones] de la base, al comandante de la base, al gabinete jurídico militar estadounidense de la base alemana de Ramstein, del que depende la de Morón, y al homólogo en Estados Unidos del Defensor del Pueblo», dice Zambrana.

El informe, que ha consultado EL MUNDO, dice que el 30 de diciembre de 2010 la administración de Estados Unidos pagó 10.720.859,68 dólares (7.731.884 euros) a la empresa de mantenimiento VBR en España como reembolso por las indemnizaciones de los 119 despedidos del ERE. Pero los denunciantes aseguran en su mensaje a las autoridades del gobierno de Obama que ese ERE tuvo un sobrecoste para las arcas públicas americanas de 1.493.642 euros.

Ésa es la diferencia, argumentan, entre los 2.923.866,50 euros que cobraron en indemnizaciones los 25 despedidos mayores de 61 años (9 de ellos en situación de jubilación parcial) y los 1.430.223,98 euros que habrían percibido si los hubieran mantenido en sus puestos hasta su cercana jubilación. La mayor parte de ese «sobrecoste» recae en el despido de los jubilados parciales: 1.129.362,10 euros en indemnizaciones, frente a los 53.947,65 que habrían cobrado de haber seguido en sus puestos hasta los 65 años.

Junto a este «sobrecoste», alertan de que hay un desfase de unos 400.000 euros sin justificar. Dicen que la empresa abonó 7.352.126 euros por los 119 despidos pero ha cobrado como reembolso de EEUU 7.731.884 euros. Y apuntan que esa diferencia económica es parecida a la cantidad que habrían pagado indebidamente a los 31 «intrusos» que fueron sacados de la lista inicial de 150 después de que ellos denunciaran que no trabajaban allí. De haber colado, habrían costado 401.936,41 euros, calculan los denunciantes, que creen que hubo un «intento de maquinación para favorecer de manera ilegal a determinadas personas en las listas de despedidos, con fondos del gobierno de los Estados Unidos». EEUU aún no ha contestado.

Artículo extraído de elmundo.es