El Ayuntamiento de Morón solicita autorización para la demolición de obras ilegales en el Paraje “Cuesta Bermeja”

A la espera de la autorización de Confederación, una decena de vecinos tendrán que demoler piscinas, pozos, caminos, incluso edificaciones que hicieron sin licencia tras comprar…

• _A la espera de la autorización de Confederación, una decena de vecinos tendrán que demoler piscinas, pozos, caminos, incluso edificaciones que hicieron sin licencia tras comprar  unas parcelas siendo víctimas en ese momento de una presunta estafa. 

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha suspendido el expediente de Protección de la Legalidad Urbanística abierto contra más de una decena de vecinos de la localidad hasta tanto en cuanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de autorización  a estos vecinos para demoler las obras que han realizado sin licencia en suelo clasificado por el planeamiento vigente como No Urbanizable de Protección Especial, en el Paraje “Cuesta Bermeja”(frente Venta Espartero, carretera A-8126, Morón-Coripe).

Se trata de unas parcelas que conforman un total de más de 20.000 metros cuadrados, que fueron divididos para venderlas por lotes de entre 500 m2 y 2.500 m2 por las empresas PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ANROGAR S.L., cuyo representante era Juan Antonio Jiménez Martínez, y por la empresa INERTES DE MORON S.L.U, representada por Encarnación Jiménez Martín y que tiene como  administrador de la misma a Enrique Barea Arroyo, según se destaca en un decreto fechado el pasado 26 de noviembre de 2016, y al que tuvo acceso la redacción de lavozdemoron.es  

Estos lotes fueron vendidos en un período comprendido entre 2005 y 2015 a varias familias de Morón haciéndoles creer, presuntamente, que las parcelas tendrían en un futuro cercano suministro de luz y de agua, y que se podrían construir en ellas. Para ello, se llegó a incluir en los contratos  de compra y venta el compromiso de una preinstalación para el suministro de agua y de electricidad. Según ha podido saber esta redacción, las parcelas de, por ejemplo, 1.000 m2, se vendieron por unos 15.000 euros.

Algunos de los vecinos (los menos), viendo desde el principio que habían sido víctimas de una presunta estafa, sólo delimitaron su parcela con una valla y denunciaron a la empresa que les había vendido el terreno haciéndoles creer que se podía construir.  A estos dos vecinos el Ayuntamiento, a comienzos de febrero, les aceptaba parte de sus alegaciones para que la calificación de la infracción urbanística que se les imputaba dejara de ser grave. Eso sí, tendrán que  desmontar y retirar las vallas que instalaron.

Más grave es la situación de una decena de estos propietarios  que tendrán que hacer frente a la demolición de lo construido ilegalmente, por no hablar de la sanción que les puede acarrea las infracciones urbanísticas que hubieran podido cometer . Y es que una denuncia del SEPRONA en septiembre de 2015 y  posteriores informes de los Servicios técnicos de Departamento de Obras y Urbanismo, una vez giradas las correspondientes visitas de inspección, señalaron  que se habían realizado  actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción, instalación y transformación de uso del suelo sin licencia.  Estamos hablando de que estos vecinos construyeron edificaciones, pozos, piscinas, etc…, todo sin licencia y en suelo No Urbanizable de Protección Especial.

Para la protección de la legalidad se dictó un decreto de Alcaldía, el pasado 16 de noviembre de 2017, en el que se consideraba que los propietarios actuales tendrán que llevar a cabo la demolición de estas obras ilegales y edificaciones, “sin perjuicio de lo que señale, en su caso, el correspondiente informe jurídico”. Estos vecinos presentaron alegaciones, las cuales les fueron desestimadas a comienzos de febrero de 2018.

Al considerar  el Consistorio que la ejecución de estas demoliciones precisan de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por encontrarse dentro de la zona de afección del Arroyo de Pedriza, el Ayuntamiento de Morón ha solicitado permiso a este organismo para que los vecinos puedan llevar a cabo estas obras.

Tal y como ha podido saber esta redacción, tras acceder a sendos decretos de Alcaldía, hasta que se notifique la autorización de las demoliciones por parte de Confederación, el Ayuntamiento  ha suspendido el plazo de resolución del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística incoado por Decreto en noviembre de 2016.