La controversia en torno a la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Morón de la Frontera suma un nuevo y determinante capítulo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla ha dictado sentencia, con fecha 23 de septiembre de 2026, por la que se anula de forma tajante el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 21 de julio de 2023 en el que se aprobó de forma definitiva pasar la gestión del SAD de privada a pública mediante una sociedad mercantil municipal.

El fallo judicial estima íntegramente el recurso presentado por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) y condena al Consistorio moronense al pago de las costas procesales.

Las claves del fallo: informes técnicos y el Plan de Ajuste

La resolución firmada por la jueza María Emma Ortega Herrero centra su argumentación en el incumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBR). En concreto, la normativa (artículo 85.2) establece de forma estricta que para cambiar la forma de gestión de un servicio público a través de una sociedad mercantil local, la Administración debe acreditar fehacientemente que la opción pública resulta más sostenible y eficiente económicamente que la privada.

A esto se le suma la limitación legal impuesta por la Disposición Adicional 9ª de la misma ley, la cual prohíbe la creación o participación en nuevas sociedades a los municipios que tengan en vigor un Plan de Ajuste, salvo excepciones muy regladas donde se demuestre generación de ahorro, sostenibilidad financiera y reducción del coste efectivo del servicio.

En este punto, la sentencia atiende con contundencia a los reparos puestos por los propios habilitados nacionales del Ayuntamiento. El informe conjunto de Secretaría, Intervención, Tesorería y Recursos Humanos de fecha 18 de julio de 2023 concluyó expresamente que la propuesta «no se ajustaba a Derecho» al tensionar de forma grave la liquidez de las arcas municipales y no demostrar ahorro económico real.

El papel de los informes externos: del «fallido» dictamen de Incentiva al informe de AGES

El devenir técnico del expediente administrativo ha sido uno de los aspectos más señalados a lo largo de este proceso. Para sustentar la propuesta de gestión directa, el equipo de gobierno socialista recurrió en 2023 a la contratación de un estudio externo a la consultora INCENTIVA (Instituto Andaluz de Consultoría y Tecnología).

Sin embargo, dicho informe inicial contenía notables deficiencias analíticas e inconsistencias financieras que no sirvieron para desvirtuar las advertencias contundentes de los técnicos e interventores municipales, dejando el expediente aprobado en pleno expuesto a una clara vulnerabilidad jurídica.

Posteriormente, y para solventar las graves lagunas del dictamen inicial, se procedió a la contratación de una segunda firma especializada (AGES), encargada de elaborar una memoria económico-financiera más consistente y rigurosa en defensa de la viabilidad de la gestión pública. No obstante, al haberse dictado la sentencia con base en la foto fija del expediente plenario de julio de 2023, la jueza ha atendido al marco documental formalmente aprobado en dicha fecha.

Una sentencia previsible y margen para el recurso

En los círculos políticos y sociales del municipio la noticia no ha tomado por sorpresa a los actores implicados, ya que el fallo judicial era aguardado desde hacía meses debido al recorrido del contencioso y a los argumentos esgrimidos por la Intervención municipal desde la aprobación del acuerdo.

Por ello no debe extrañar a nadie que el PSOE y su Alcalde a la cabeza, que nunca ha querido remunicipalizar el servicio, hayan dilatado de manera deliberada en el tiempo toda la tramitación administrativa pese a conocerse de antemano el riesgo de nulidad que pesaba sobre el acuerdo plenario de 2023.

Cabe remarcar que la sentencia dictada no es firme. El Ayuntamiento de Morón dispone de un plazo de 15 días hábiles a contar desde su notificación para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y el Alcalde ha anunciado ya que estudiará recurrir la sentencia, por lo que serán los próximos días decisivos para conocer si el Consistorio decide agotar la vía judicial o si reordena el procedimiento administrativo para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.