Declaran culpable de asesinato al preso que estranguló y mató a otro reo en su celda de Morón

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a Otman E.K., un ciudadano marroquí que el 28 de febrero de 2023 mató a uno español en la celda que ambos compartían desde apenas unas horas antes en el centro penitenciario Sevilla-II, en Morón de la Frontera. Por una mayoría de siete votos, los jurados han considerado probado que el acusado acabó con la vida de Rafael Enrique al estrangularlo primero con las manos y el brazo, en la técnica conocida como mataleón, y ahorcarlo después de la litera. La víctima, además, «no tuvo ninguna posibilidad de defenderse ni de huir», ya que el ataque fue sorpresivo, se produjo «por la espalda» y coincidió con una hora en la que las celdas estaban cerradas automáticamente.

El juicio, obviamente, ha quedado visto para sentencia después de la lectura de un veredicto que ha establecido que los hechos ocurrieron el Día de Andalucía de 2023 después del almuerzo, una vez que el encausado subió a la celda 18 del módulo 5 de la prisión. Es casi el único hecho aprobado por unanimidad por los jurados. A partir de ahí, por una mayoría de siete votos, ha considerado probado que Otman E.K. «se aproximó por la espalda» a la víctima y «le apretó el cuello con las manos y el brazo» primero y con un cordón más tarde. Tras dejarlo inconsciente en el suelo, y siempre con la intención de matarlo, «le anudó el cordón al cuello» por un extremo y a la litera por el otro. Como consecuencia de esa agresión, Rafael Enrique falleció en el acto por «asfixia mecánica» tras sufrir una estrangulación «a mano y a lazo».

El veredicto también establece por la misma mayoría de siete votos (sobre un total de nueve) que la víctima «no tuvo posibilidad real de defenderse». Esta circunstancia constituye la alevosía que conduce a que el delito sea calificado como asesinato y no como homicidio. «El ataque fue sorpresivo y repentino», ha agregado la portavoz del jurado. De hecho, se produjo mientras Rafael escribía una carta a sus familiares. Que no tuvo ninguna opción de sobrevivir también queda corroborado por el hecho de que la celda «no estaba desordenada», como revelaron los funcionarios que acudieron al lugar tras ser avisados por el propio asesino. «No existió lucha», confirma el veredicto, al contrario de lo que señaló Otman E.K.

La versión del homicida no vale

El acusado, en este sentido, reconoció en el juicio que en efecto acabó con la vida de Rafael Enrique pero alegó que lo único que hizo fue defenderse de una agresión inicial de la víctima. «Si no le hago eso, me lo hace él a mí», dijo cuando declaró ante el jurado. También explicó que la pelea fue fruto de una discusión porque él era «no fumador» y le metieron como compañero a otro reo que sí fumaba. Lo paradójico del caso es que el procesado acabó diciendo que ahora mismo él también es fumador y que eso es «una secuela» de lo ocurrido aquel día.

El acusado, que en esa época ya había cumplido unos nueve años de cárcel por cerca de quince condenas distintas, afirmó que acababa de obtener el tercer grado penitenciario y que por tanto iba a ser expulsado de vuelta a su país. «Tenía mi libertad en la mano, no voy a matar a nadie teniendo mi libertad en la mano, no estoy loco de la cabeza», argumentó.

En un perfecto castellano, Otman E.K. también admitió que estranguló a la víctima con sus manos y un brazo. «Nos peleamos los dos. Todo se inició porque yo no fumo, él sí y discutimos. Él me fracturó la mandíbula y una costilla y me dio una pinchada con un bolígrafo. Yo me tuve que defender y pasó lo que pasó. Lo enganché del cuello, le apreté bien, lo amarré a la cama y llamé para contar lo que había pasado», relató. «No pensé que estaba muerto, pero vi que no se meneaba y llamé a los funcionarios para decirles ‘mirad que el chaval se ha muerto’. Pero lo amarré para asegurarme de que no siguiera golpeándome», añadió.

«‘Él estaba de frente, yo no mato por la espalda a nadie», aseguró también el investigado. «Al chaval no lo conozco de nada, ese mismo día lo metieron en la celda y a la hora o la hora y media pasó lo que pasó. Yo no sé ni su nombre ni si tiene familia. No estoy loco de la cabeza, me agredió y me tuve que defender», insistió.

En cuanto al origen de la refriega, su versión incluyó una crítica a los responsables del centro porque le pusieron como compañero a un fumador «queriendo». «Yo tengo un certificado de no fumador y avisé, no me metáis a este chaval porque yo no fumo y él sí. Si convivo con alguien es con alguien que no fume», advirtió. Y al mismo tiempo reconoció que no era su primer conflicto con otro reo: «Me he peleado mucho, es verdad. Durante la condena han sido unas veinte veces, pero es lo normal, la cárcel es un sitio hostil y no vamos a entendernos todos», contestó.

Otman E.K., que también dijo que no era consumidor de drogas, acabó expresándose «arrepentido». «Yo no quiero matar a ninguna persona, pero si no le hago eso, me lo hace él a mí. Yo no sé cómo no me caí al suelo. No tenía otra opción más que defenderme», reiteró antes de concluir los interrogatorios (ha respondido a todas las partes) confesando que intentó huir cuando fue trasladado desde la cárcel a los juzgados.

Las calificaciones definitivas

El juicio era afrontado por las partes con distintas peticiones. La Fiscalía solicitaba inicialmente que se le impusiera una condena de 19 años y 11 meses de prisión, mientras que los familiares de la víctima reclamaban un poco más, 20 años, todos por un delito de asesinato. La defensa, por su parte, estaba en contra de esa calificación e interesó la absolución del acusado. Tras oír el veredicto, las tres acusaciones han rebajado su petición hasta los 17 años de cárcel al aplicar la atenuante de confesión, ya que el encausado reconoció el crimen tanto en los momentos inmediatos a su ejecución como en la instrucción judicial y, por último, en el mismo acto del juicio.

El debate sobre la responsabilidad del Estado

La lectura del veredicto y la exposición de las conclusiones finales han sido bastante rápidas. No ha ocurrido lo mismo con el debate sobre la responsabilidad civil. Las dos acusaciones particulares ejercidas por los familiares de la víctima han reclamado que las indemnizaciones sean abonadas por el acusado y, subsidiariamente, por Instituciones Penitenciarias, pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto, al igual que la defensa del asesino.

En el turno de argumentaciones, la acusación ejercida por la madre, la novia y el hermano de la víctima ha recordado el «deber de cuidado y de vigilancia extremo» de la Administración y ha considerado que la muerte de Rafael «supone el fracaso del sistema penitenciario». «Estando condenado por delitos menores, pasó incomprensiblemente y sin motivo a un módulo mucho más peligroso y a una celda con un reo de mucha peligrosidad. Corrió un riesgo innecesario. No parece que fuese una decisión muy acertada», ha alegado.

El abogado del padre de Rafael Enrique ha seguido más o menos la misma línea de pensamiento, aunque sobre todo se ha centrado en las características del homicida. «Tenía cinco órdenes de expulsión y en abril de 2022 consiguió el tercer grado, pero la Administración no lo expulsó a su país. Fueron diez meses sin ser expulsado», ha destacado.

El abogado del Estado, en cambio, ha dado una visión radicalmente contraria. «No todo hecho lesivo ocurrido en prisión da lugar a una responsabilidad civil del Estado. No existe ningún dato ni indicio de que el reo tuviese una especial peligrosidad ni de que pudiera suceder algo ni lejanamente parecido a lo que ocurrió», ha replicado en primer lugar. Y después ha ido más allá y ha considerado que «no se ha acreditado» que los familiares del fallecido hayan sufrido «daño moral». «No se ha probado la existencia de un nexo afectivo», ha incidido. Ni siquiera en el caso de la novia, que ha estado presente en todas las sesiones del juicio: «No se acredita el carácter prolongado de su relación en el tiempo ni que fuese una relación análoga a la conyugal», ha agregado. Desde la segunda fila, la mujer no daba crédito a lo que estaba oyendo.