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Una comisión de investigación innegociable

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El 20 de abril de 2012 el  Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al completo firmó y presentó en el Registro de la Cámara andaluza una “Solicitud de creación de Comisión de Investigación

El 20 de abril de 2012 el  Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al completo firmó y presentó en el Registro de la Cámara andaluza una “Solicitud de creación de Comisión de Investigación 9-12/CC-000001, sobre ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis relativas a expedientes ya concluidos o abonados totalmente (ERES "muertos"), concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al Programa Presupuestario Administración de las Relaciones Laborales entre los ejercicios 2000 y 2010”.

Posteriormente, el 7 de mayo, se amplió la petición a todos los ERE’s, como recoge la ficha parlamentaria que se reproduce.

Se trató de la primera iniciativa que se registró en el Parlamento y representó el cumplimiento de la palabra dada durante la campaña electoral del 25 de marzo, mediante la que Izquierda Unida iba a exigir la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso de los ERE’s para averiguar y, en su caso, exigir, aquellas responsabilidades políticas y administrativas que se deriven de la investigación.

Tanto el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, como el Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, han reafirmado la intención de llevar a cabo este procedimiento. “No deben plantearse ni prisas, ni vetos, ni líneas rojas, pero tampoco estrategias ycacerías de los que no tienen legitimidad para exigir lo que no predican. El Parlamento y las fuerzas políticas son los llamados a marcar el calendario, contenidos y comparecientes,” dijo Diego Valderas en su discurso del pasado 6 de junio en el FORUM Nueva Economía.

La referencia de que debe ser el Parlamento el que juegue su papel y, en ningún caso, el Consejo de Gobierno, desmiente cualquier atisbo de dudas de que no habrá límite alguno en la profundidad que sea exigible a través de la presencia garantizada de todos los grupos parlamentarios.

Pero al mismo tiempo advierte al Partido Popular de que no está legitimado para exigir aquí condiciones en las comisiones de investigación que está negando continuamente en el Congreso de los Diputados, -la última la del caso Divar, solicitada a instancias del grupo parlamentario Izquierda Plural-, o en otras Comunidades Autónomas donde gobierna. La ley del embudo no vale. Lo que vale es la coherencia para investigar seas oposición o seas gobierno, como ha hecho Izquierda Unida.

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