Una familia desahuciada ‘gana’ tres años para vivir en su casa.

Esta familia de San Juan de Aznalfarache es la primera en Sevilla a la que se le aplica la Ley de la Función Social…

Esta familia de San Juan de Aznalfarache es la primera en Sevilla a la que se le aplica la Ley de la Función Social de la Vivienda que La Junta inicia la expropiación del uso de un piso en favor del matrimonio.

 “Se nos ha abierto una puerta a la esperanza”. Esta frase ilustra la alegría de la familia desahuciada de San Juan de Aznalfarache que ayer conoció la buena noticia de que la Junta de Andalucía ha iniciado la expropiación temporal del uso de su vivienda, en aplicación de la Ley 4/2014 de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el 25 de septiembre, lo que supone que este matrimonio junto a sus dos hijos pequeños podrán permanecer en su casa durante tres años con un alquiler social del 25% de los ingresos familiares, sin superar los 130 euros al mes.

Esta familia sanjuanera es la primera de Sevilla a la que se le aplica esta ley que le da un respiro, “porque sabemos que durante un tiempo tendremos un techo bajo el que vivir”, manifestó Antonio, que junto a su mujer Lioba, desde 2011 no ha dejado de luchar para conseguir poder mantener su vivienda y no verse en la calle con sus dos hijos de nueve años y siete meses.

Antonio explicó que su problema con el banco data de 2009, “cuando yo me quedo en el paro y ya no podemos hacer frente al pago de la hipoteca que era de unos 900 euros”. Manifestó que en un principio pagaban lo que podían, incluso pidiendo ayuda a sus familiares, pero admitió que con lo que percibía del paro y de las ayudas era imposible seguir abonando las cuotas de la hipoteca.

Este padre de familia admitió que por falta de información se comenzaron a movilizar tarde. “No fue hasta el 2011 cuando acudimos al 15-M de Triana y allí es donde nos asesoraron”, recordó.

De hecho, y a pesar de su movilización, su vivienda llegó a ser subastada por 102.000 euros y el 4 de septiembre de este año se paralizó un lanzamiento de su casa, gracias al 15-M y al apoyo del Ayuntamiento de San Juan que también le has respaldado.

Antonio recalcó que el anuncio de ayer ha sido un paso más para poder negociar con el banco, el BBVA, de igual a igual, y no “sentirme escoria y lo digo sin faltar al respeto a nadie”.

Este vecino de San Juan de Aznalfarache de toda la vida aclaró que él se ha visto en esta triste situación por la crisis y no por querer vivir por encima de sus posibilidades. A sus 41 años lleva en paro desde 2009, aunque admitió con cierta satisfacción que en julio comenzó a trabajar en un taller de empleo de su localidad, para el que echó los papeles hace “dos años”. Hasta este verano ha estado sin encontrar un trabajo: “Yo me dedicaba a la instalación de climatización industrial y ganaba aproximadamente unos 1.600 euros al mes”, pero, al ir al paro, según recalcó, tuvo que dejar de pagar la letra de su piso de la calle Jerez de la Frontera.

Antonio insistió en que su intención es negociar con el banco para llegar a un acuerdo, porque indicó que a pesar de que su vivienda fue subastada por 102.000 euros, él tiene todavía una deuda con el banco de unos 36.000 euros, “a lo que habrá que sumar las costas judiciales”.

Aseguró que no piensa rendirse y agradeció el apoyo del 15-M y del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

La que también se mostró muy contenta con la noticia fue la concejal de Servicios Sociales, María José Quesada, quien recordó que el Consistorio ha puesto en marcha la oficina de la Vivienda para ofrecer información a las personas que puedan tener problemas con los bancos por el impago de sus hipotecas, un servicio que funciona en coordinación con la Junta de Andalucía, y que también da apoyo para mediar entre familias y bancos.

Quesada recordó que con la familia de Juan y Lioba el Ayuntamiento comenzó a trabajar en 2012, intermediando e iniciando un proceso de diálogo con el banco pero que “no concluía en una propuesta, aunque sí se conseguían demoras y retrasos en el proceso”, hasta que el 4 de septiembre la familia recibió la orden de lanzamiento, ante lo que el Ayuntamiento, según la concejal, se dirigió de nuevo al banco, consiguiendo que no se ejecutase y acordando la reactivación de las negociaciones para conseguir llegar a un acuerdo entre la familia y la entidad bancaria.