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Opinión

El negocio de la necesidad. La electricidad más cara de Europa.

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Como ya explicara Lenin al estudiar la Ley General de acumulación capitalista formulada por K. Marx, el objetivo del oligopolio capitalista no es otro que el de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible…

_Como ya explicara Lenin al estudiar la Ley General de acumulación capitalista formulada por K. Marx, el objetivo del oligopolio capitalista no es otro que el de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y esto no se realiza en condiciones de empatía sino de lucha de clases, en la que quien detenta el control de los medios de producción trata de obtener plusvalías, ganancias y beneficios por cualquier medio: explotando, desposeyendo y especulando.

 

En este marco es en el que debemos entender lo que ocurre con el precio de la electricidad en nuestro país: el oligopolio eléctrico, favorecido por un mercado en su más salvaje versión neoliberal, especula con un servicio básico para nuestro pueblo y para el funcionamiento de la economía general, en aras a obtener beneficios astronómicos.

 

Frente a esta situación, siempre hemos tenido claro en el PCE que los sectores estratégicos de la economía deben estar bajo control público, y por eso defendemos la propuesta de la nacionalización del sector eléctrico. Pero además, en la coyuntura actual, proponemos la creación de una empresa pública eléctrica y la intervención inmediata del precio de la electricidad y de la factura.

 

Para argumentar nuestras propuestas es indispensable entender lo que está ocurriendo con el mercado eléctrico mayorista en nuestro país, a partir del funcionamiento de la supuesta subasta eléctrica en el mercado neoliberal: cada día, Red Eléctrica (REE) estima cual será la demanda en cada una de las horas del día sobre bases y estadísticas históricas. A partir de ahí, en el plano teórico, se cubre la demanda con la producción de las centrales nucleares (entorno al 23%) y con las tecnologías renovables (solar, eólica e hidráulica), con costes de producción inferiores a las basadas en los combustibles fósiles. Si no puede cubrirse la demanda, entran en producción las tecnologías con mayores costes de producción, fuel oil, carbón y ciclos combinados, cuyo coste actualmente es aún mayor por la elevación de precios de los combustibles fósiles y de los derechos de emisión de CO2.

 

 

Sin embargo, es la energía hidroeléctrica la que está marcando el precio mayorista en el 65% de las horas de junio, el 64% de las de julio y en el 59% de la de agosto, a pesar de que sus costes de producción son de en torno a 20€/Mwh. ¿Donde está la trampa? En que las hidroeléctricas ajustan su precio en un nivel ligeramente inferior al que los ciclos combinados podrían ofrecer. El resultado es que las centrales hidroeléctricas maximizan ingresos vendiendo la energía a un precio similar al de los ciclos combinados pero sin sufrir sus costes, y que al mismo tiempo mantienen un precio mayorista elevado del que se benefician el resto de las tecnologías y por lo tanto, el Oligopolio Eléctrico en su conjunto. Todo vale para obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible y manipulando el coste de producción.

 

Es necesario destacar, que los contratos de suministro eléctrico con precios regulados (PVPC) están siendo los mayores perjudicados de la coyuntura alcista de precios. Hasta junio de 2021, según estudio de FACUA, estos contratos eran entre un 28% y un 50% más baratos que los de “mercado libre”. Nos encontramos pues con la “paradoja” de que quienes tienen contratos regulados son quienes están sufriendo las mayores subidas en sus facturas, el objetivo del Oligopolio de eliminar este tipo de precio regulado ha existido siempre, y el proceso de especulación de precios actual contribuye a ello.

 

Para acabar con este atraco es indispensable intervenir el tope de la subasta y el precio de cada forma de producción eléctrica. La intervención del precio, por ejemplo de la hidroeléctrica, encuentra su base en que la producción se realiza a partir de la explotación (privada) de un recurso público (el agua, sus cauces y embalses). Además, está demostrado que situando en 20 euros el Mwh (Megawatio hora), ya se cubren los costes de producción y se arrojan beneficios. Si tenemos en cuenta que en las últimas subastas esta energía se está vendiendo a más de 130€ el MWh, entenderemos que el oligopolio, aparte de arruinar a la población, está obteniendo beneficios estratosféricos. Y aprovechamos para introducir una cuestión en el debate: ¿Por qué no pueden ir los beneficios a las arcas públicas si el factor fundamental de producción pertenece al dominio público?

 

 

De lo expuesto, tanto para la energía nuclear como para la energía hidroeléctrica se pueden situar topes que guarden relación con el coste real de producción. Respecto a lo primero, podemos ver el caso francés, que lo tiene situado en los 40 €/MWh aproximadamente. Tanto la normativa estatal como en la comunitaria, se permite fijar topes en las subastas para proteger a la población vulnerable. Pero es que, en estos momentos, en un contexto de crisis social y económica generada por la pandemia de la COVID -19, la población vulnerable y en riesgo es el conjunto de la clase obrera y los sectores populares, así como nuestro tejido productivo.

 

Como se podrá comprobar por nuestros argumentos, no sólo es necesario y urgente, intervenir los precios de la energía, sino que es indispensable garantizar con medios públicos la producción hidroeléctrica y eléctrica en general. Y nos encontramos en el momento adecuado cuando están a punto de caducar los derechos de concesión de muchos de los saltos hidroeléctricos de nuestro país. No hay excusas, para que lo hasta ahora gestionado por intereses privados pase a estar directamente controlado por una empresa pública. Salvo que se quiera seguir empatizando con el oligopolio eléctrico, sus astronómicos beneficios y los miembros del PP y PSOE de los consejos de administración de las compañías eléctricas… A la mayor gloria del capitalismo salvaje en su fase imperialista.

 

Lo que hemos venido exponiendo, explica como el oligopolio encarece y especula con el precio de la electricidad en el mercado mayorista, pero no es eso sólo eso lo que encarece la factura que pagamos los consumidores finales. Y llegados a este punto es fundamental, explicar que no es posible reducir el precio de la factura con pedagogías orientadas al cambio individual de los usos y las horas de consumo, porque en las estrategias de lucha de clases, y esta lo es, las acciones han de ser colectivas. Sobre este asunto nos remitimos al artículo publicado en Mundo Obrero en agosto. Además de porque la factura se compone de dos partes: término de potencia y término de energía.

Por la propia composición de la factura y sus elementos se tiene que volver a regular la factura eléctrica en un triple sentido: Minorando los pagos por términos de potencia; incrementando los tramos valle para el consumo; bonificando el precio a pagar según ingresos y circunstancias sociofamiliares e interviniendo en el mercado eléctrico mayorista.

 

 

Junto a la nueva regulación de la factura, resulta clave sostener un nuevo sistema impositivo, que entre otras cosas mantenga el IVA reducido sobre la factura, como ha hecho el Gobierno de coalición, siendo especialmente destacada la acción de UP en este sentido. La reducción al 10% del IVA sobre el consumo eléctrico no puede ser una medida coyuntural, sino estructural porque es de justicia social reconocer impositivamente que la luz no es un producto de lujo, sino un servicio esencial tan básico como la alimentación.

 

Debe quedar claro que, sin la intervención directa en el mercado eléctrico y la subasta por parte del Estado, cualquier otra medida podrá ser fácilmente anulada por el Oligopolio mediante la simple alteración del precio final de subasta. El sistema de fijación de precios actual no es un sistema competitivo como pretenden hacernos creer desde las posiciones neoliberales del PP, PSOE o la UE, la existencia de un oligopolio capitalista hace que el sector funcione como un cártel y las prácticas así lo demuestran. No cabe en este caso rogar empatía ni ser ingenuo ante un sector que campa a sus anchas y está fuera de todo control democrático.

 

       

En resumen, para combatir el latrocinio y la especulación del precio de la luz, el PCE continuará luchando y defendiendo:

 

-La necesidad de nacionalizar el sector eléctrico como propuesta estratégica.

-La creación de un ente público de producción y comercialización de energía eléctrica.

-La intervención del precio en el mercado mayorista, mediante una adecuación entre los ingresos y el coste de producción de cada tecnología.

-La regulación de la factura reduciendo los costes por términos de potencia, abaratando tramos de consumo y ajustando el precio a pagar según la capacidad de cada núcleo de consumo.

-El mantenimiento del IVA reducido para el consumo eléctrico.

 

Y para conseguir esos objetivos esperamos promover y contar con la más amplia unidad social y política que impulse una movilización en pos de la soberanía de nuestro pueblo y en beneficio de la Clase Trabajadora.

 

 

 

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