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Opinión

Mordaza y bozal

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“Contar quién es y qué hace es delito./Mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito./Los pobres hablan y a prisión, se ríen los ricos./Libertad de expresión, díselo a gritos”. (Varios artistas, Los Borbones son unos ladrones, 2018)

_“Contar quién es y qué hace es delito.
Mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito.
Los pobres hablan y a prisión, se ríen los ricos.
Libertad de expresión, díselo a gritos”.
(Varios artistas, Los Borbones son unos ladrones, 2018)

En su obra ‘El miedo a la libertad’, Erich Fromm recoge la siguiente reflexión: “El derecho de expresar nuestros pensamientos tiene algún significado tan solo si somos capaces de tener pensamientos propios”. En esta breve reflexión del psicoanalista alemán, encontramos dos puntos fundamentales para contextualizar las líneas venideras: el derecho de expresar nuestros pensamientos y tener pensamientos propios.

Para poder expresar nuestros pensamientos, el Estado, como institución capaz de producir y aplicar un determinado reglamento, debe proporcionarnos ciertas herramientas encaminadas a poder escribir o difundir nuestras ideas bajo el rótulo de libertad de expresión o de opinión. Para tener pensamientos propios debemos tener a nuestra disposición una pluralidad de opiniones lo suficientemente rica como para poder formar en nuestras cabezas una serie de ideas. Al respecto, el Estado debe proporcionarnos algún tipo de defensa para poder expresar nuestras opiniones sin por ello ser discriminados, ni perseguidos. Todo esto implica la libertad de expresión.

En contraposición al precepto constitucional que debería amparar la opinión crítica en nuestro país, nos encontramos con sentencias judiciales que condenan a cárcel a artistas que denuncian en sus canciones hechos, acciones o actitudes concretas. Pablo Hasel se va a convertir en el primer rapero europeo en ser encarcelado por sus letras. Junto al rapero catalán, Valtonyc y La Insurgencia, elevan a catorce el número de artistas condenados a cárcel por el Estado español. Un número (catorce) que pone a España a la cabeza mundial de artistas condenados, por delante de naciones como Irán, Turquía o Myanmar. Es en estas situaciones donde la libertad de expresión desaparece. O la secuestran.

 

 

Desde que el Gobierno de M. Rajoy pusiera en marcha la famosa Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza si le quitamos la careta) han tratado de juzgar y condenar desde letras de canciones hasta ‘tweets’, pasando por representaciones teatrales o incluso algún sketch de humor. Expresiones que, en absoluto, representan un peligro real. La cuestión radica en que no solo buscan condenar a quienes se salen de los moldes establecidos, sino que intentan aplicar la censura dentro de nosotros mismos, que nos autocoartemos para no difundir un pensamiento disidente.

Como expresa Pablo Hasel en el último comunicado emitido: “Es muy importante tener claro que no es un ataque solo contra mí, sino contra la libertad de expresión […] Cuando reprimen a uno, lo hacen para asustar al resto”. Unas palabras muy acertadas que viajan en consonancia con un tweet publicado por Virginia P. Alonso, presidenta de PDLI (Plataforma en Defensa de la Libertad de Información): “Ordenan el ingreso en prisión de Hasel para que cumpla una condena de nueve meses. Por enaltecimiento del terrorismo -en un país en el que ya no hay terrorismo- y por un delito medieval y trasnochado como las injurias a la Corona”.

 

Toda sociedad que se precie de ser libre y que saque pecho de salud democrática debe respetar aquellas ideas que se salgan del marco ideológico imperante. En el caso concreto de Pablo Hasel, se le condena por alzar la voz denunciando la violencia del Estado (entendido este como cualquier acción contra el pueblo amparada y ejecutada por el Estado, como por ejemplo los desahucios, la violencia policial, las torturas y las muertes en las cárceles…) y por denunciar hechos delictivos protagonizados por el monarca, contrastados y publicados por diferentes medios. No debería ser motivo de cárcel ni de un proceso penal, al menos para quien denuncia.

 

La Audiencia Nacional parece empeñada en perseguir la denuncia buscando la autocensura. Una actitud por parte del órgano jurisdiccional peligrosa e incluso de reaccionaria, por implicar un retroceso en la sociedad.

 

 

La inminente entrada en prisión de Pablo Hasel ha despertado una oleada de solidaridad por parte de un sector de la sociedad que señala al Estado español como un régimen opresivo y poco democrático y convierte a la Audiencia Nacional en una especie de tribunal inquisitorial que no duda en acosar y acorralar a quienes son capaces de expresar pensamientos propios.

 

AIME GARCÍA. Estudiante de Ciencias Políticas .En Mundo Obrero

 

 

 

 

 

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