La Junta ultima una Orden que pagará más a la sanidad privada

Escrito por  elindependientedegranada.es Noticias de la Provincia Lunes, 15 Agosto 2022 19:38
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La nueva consejera de Salud y Consumo, Catalina García, jura su cargo. La nueva consejera de Salud y Consumo, Catalina García, jura su cargo.

_El digital  elindependientedegranada.es informa de la nueva Orden con la que se estrena la Consejería de Salud y Consumo que, en la práctica, supone ampliar conciertos y pagar más a la sanidad privada, en lugar de invertir en la sanidad pública andaluza.

 

 

Tras las elecciones autonómicas y con el Gobierno andaluz en funciones, la Consejería de Salud y Familias publicó el pasado día 7 de julio el proyecto de la llamada Orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios. Si la Junta fuese clara, faltaría al final añadir la palabra privada.

 

Porque se trata, en definitiva, de las nuevas tarifas que la Junta de Andalucía abonará a la sanidad privada por actos médicos, quirúrgicos pruebas diagnósticas o estancias en centros sanitarios.

 

La Orden, que se aprobará en septiembre, ya con la consejería de Salud y Consumo, certifica por si alguien dudaba de la intención del Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP de ampliar los conciertos con la sanidad privada, ya privilegiada en la anterior legislatura con contratos millonarios, en detrimento de la pública, que debilitó la Atención Primaria, con demoras en las citas para ser atendido.

 

Por más que declare la consejera Catalina García que ya se atienden en 48 horas, lo único que sigue recortándose no son los tiempos de respuesta, sino en general todo el sistema sanitario público en beneficio de la privada.

 

 

Un informe de CCOO desvelaba, entre otras externalizaciones, que la Junta de Andalucía incrementará este año en un 213 por ciento la partida a la sanidad privada para atender a pacientes oncológicos derivados del SAS.

 

El estudio elaborado por Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía indicaba que el Gobierno andaluz aumentó el presupuesto de 2022 un 43 por ciento a la sanidad privada, para alcanzar los 663 millones (662.997.079 euros), lo que supone 200 millones más (199.203.700 euros) que en 2021. Y sin que el Covid fuera excusa puesto que tan solo 20 pacientes de los 858.529 derivados al año pasado a clínicas privadas padecían el coronavirus.

 

El primer gobierno de Juan Manuel Moreno batió el récord en derivaciones a la sanidad privada y, por tanto, de capital público, destinado a privada, un sector que no para de crecer en Andalucía. (Según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) en 2021 Andalucía cerró con 1.750.321 asegurados con prestación de servicios sanitarios, lo que representaba 98.754 más que el año anterior, el mayor incremento de la última década).

 

AUSENCIA DE TRANSPARENCIA

 

A pesar de que la Orden, cuya exposición pública terminó el pasado 30 de julio, quiere garantizar la transparencia en los conciertos sanitarios es, precisamente, la opacidad la que prima en el texto.

 

“La aprobación de la esta orden responde, en definitiva, a la necesidad de garantizar la transparencia y seguridad jurídica en la contratación de los servicios de asistencia sanitaria complementaria mediante conciertos sanitarios, mejora de su eficiencia así como a la simplificación del sistema de tarifación aplicable a dicha asistencia sanitaria complementaria”, señala el borrador.

 

Pero la documentación sometida a información pública, sin embargo, carece de memoria económica alguna con los contenidos suficientes como para poder comprobar lo que se ha abonado en los convenios suscritos por el SAS con las distintas entidades privadas hasta la fecha.

 

Tampoco incluye una previsión de futuro de la variación que supondrá esta nueva forma de tarificación para así poder comprobar si va a suponer un ahorro para la economía andaluza.

 

Así, desde el articulado de la orden “no se ofrece ningún mecanismo para garantizar la transparencia y seguimiento de los contratos que se suscriban con entidades que presten los servicios", opina Facua, que presentó alegaciones al proyecto.

 

La federación de consumidores también resalta que no se establece la elaboración de memorias anuales en las que poder comprobar cuántos contratos de colaboración se han suscrito, qué porcentaje de casos han sido derivados a la sanidad concertada o conveniada y cuántos no, así como el coste anual que estas colaboraciones suponen. Y reclama que sea necesario que de forma anual se realice una memoria con el fin de garantizar la transparencia.

 

"Cada vez más se acude a esta figura para garantizar la asistencia a la ciudadanía como consecuencia de una falta de apuesta política por la sanidad pública y una falta de inversión, lo que ha llevado a un constante empobrecimiento del sistema de salud público andaluz", considera Facua.

 

 

LO QUE LA JUNTA QUIERE PAGAR A LA SANIDAD PRIVADA

 

La Orden establece precios máximos que abonará a las clínicas y empresas privadas en una cartera de servicios que prevé derivar hasta el tratamiento de cáncer infantil.

 

 

Así, y como ejemplo, por el tratamiento completo con protonterapia pediátrico con anestesia, la Junta pagará a una empresa privada 42.000 euros, que baja a 35.000 euros, si se practica sin anestesia. (La prontoterapia es radioterapia con protones, un tratamiento muy preciso que minimiza el daño en los órganos y estructuras vecinas sanas que rodean el tumor).

 

La radioterapia con ingreso puede llegar a los 4.000 euros, 1.000 euros más que sin permanecer en el centro hospitalario (privado).

 

También prevé derivaciones en Atención Primaria. La Junta de Andalucía abonará a la privada por una consulta médica 65 euros, mientras que la primera consulta para especialista cuesta 150 euros, las sucesivas, 90, y 215 las consultas llamadas de alta resolución, que son aquellas que en una sola jornada ambulatoria queda establecido un diagnóstico junto con su correspondiente tratamiento y ambos son reflejados en un informe clínico, por lo que también son conocidas como consulta única.

 

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, entre otras, por la reparación de una hernia inguinal, la Junta abonará 1.124,76 euros, o 912 euros por el cierre de una fístula en el ano. Por una prostatectomía, 1.812,60 euros, una vasectomía le cuesta a la Junta 413,40 euros, poco menos que una circuncisión, que sube a 419,09 euros.

 

Una ligadura de las trompas de Falopio, 563,80 euros y la histerectomía vaginal -extirpación del útero a través de la vagina-.

 

La artroscopia de hombro o cadera, 1.623,85 euros, y si es de rodilla, 1.137,83 euros; la reparación del ligamento cruzado de la rodilla, 3.064,15 euros y del ligamento lateral, 3.212,75 euros.

 

Publicado en: 

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Modificado por última vez en Lunes, 15 Agosto 2022 19:43