La protectora especializada en la defensa de los galgos ha informado en un comunicado de que también solicita que el acusado sea inhabilitado durante 9 años para la tenencia de animales o cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Los hechos, investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marchena se remontan al 30 de junio de 2020, cuando en un paraje llamado Gil Gómez del término municipal de Arahal, un menor que paseaba en bicicleta vio tres sacos de plástico atados con cuerdas dentro del cauce del río Guadaíra y advirtió que uno de ellos se movía.
El chico arrastró los sacos fuera del cauce del río, los abrió y fue testigo de que en dos de los sacos había los cadáveres de dos galgos que habían muerto ahogados y que presentaban signos de maltrato, tales como golpes, y deshidratación, y del tercer saco, el que se movía, pudo rescatar a un tercer galgo -de nombre, Gabi- que aún se encontraba con vida y que también presentaba evidentes signos de maltrato.
Los animales llevaban microchip, lo que posibilitó identificar a su dueño, un vecino del término municipal de Marchena, aunque no compareció ante el juez instructor cuando fue citado para declarar como investigado y, finalmente, tras dictarse una orden de detención contra él por incomparecencia, fue arrestado en Valladolid, donde pasó a disposición judicial.
El investigado negó ser el autor de los hechos y declaró que el día de autos salió a pasear con siete de sus perros y cuando volvió a casa se le escaparon, regresando a las dos horas solo cuatro, pero no denunció la desaparición de los tres que no regresaron: los que aparecieron dentro de sacos en el río Guadaíra.
El Juzgado de Marchena, tras la instrucción y teniendo en cuenta que los mencionados hechos, origen del procedimiento, pueden constituir un delito de maltrato animal con presunta participación del investigado, procedió a seguir la tramitación del procedimiento.
En su escrito de acusación han solicitado que se tipifique el caso como un "concurso real de delitos", lo que permitiría condenar en este caso al investigado por tres delitos de maltrato animal por cada uno de los galgos maltratados, y no como un solo delito continuado de maltrato animal por todos los galgos maltratados.
Los letrados apoyan su petición en la última modificación del Código Civil de 2021, que por primera vez concibe a los animales como “seres sintientes” y no “cosas muebles”.
Sobre esta base, consideran que se tienen que equiparar los delitos que se cometen contra las personas con los que se cometen por maltrato animal, lo que permitiría condenar al investigado por cada uno de los tres presuntos delitos cometidos, y no solo por un delito.
Así, SOS Galgos pide 18 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito de maltrato con resultado de muerte por cada uno de los dos galgos muertos, y un año de cárcel y tres de inhabilitación por un delito de maltrato con resultado de lesiones por el galgo que pudo ser rescatado en vida.
De conseguirlo, sería algo histórico en este tipo de delitos de maltrato animal, ya que la regla general es tratarlo como un solo delito, independientemente del número de galgos maltratados en cada caso.
El caso está pendiente de que el juez instructor dicte apertura de juicio oral, después de solicitar a las partes que presenten sus escritos de acusación.
