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COAG Andalucía denuncia el expolio del agua en la cuenca del Guadalquivir

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Esta organización presenta hoy alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, reclamando a la CHG un cambio de rumbo que prohíba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores…

 

Esta organización presenta hoy alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, reclamando a la CHG un cambio de rumbo que prohíba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores se lleven el agua para sus cultivos súper intensivos, en los que están invirtiendo a destajo, en detrimento de la agricultura social y profesional que crea empleo y mantiene viva la Andalucía rural.

 

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, se ha denunciado hoy el  expolio del agua en la cuenca del Guadalquivir.

 

 

En una comparecencia ante los medios de comunicación Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, y Eduardo López, secretario de organización y responsable de Agua de COAG Andalucía, han explicado que esta organización presenta hoy en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –CHG- un documento de alegaciones al Proyecto de Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para el periodo 2022-2027.

 

Básicamente, COAG reclama a la CHG un cambio de rumbo que prohíba que los fondos de inversión y grupos agro exportadores – provenientes de todas las partes del mundo- se apropien del agua, que es un bien público, para sus cultivos intensivos, en los que están invirtiendo a destajo, en detrimento de la agricultura social y profesional que crea empleo y mantiene viva la Andalucía rural.

 

 

Y no se trata sólo de un expolio, sino que, a juicio de esta organización, la cuenca va a la deriva al ampliarse, con triquiñuelas, la zona regable para llevar a agua a tierras de secano, a pesar del déficit hídrico agravado, además, por la sequía.

 

El contexto en el que se está elaborando este Plan es dramático para la agricultura de regadío, consumidora del 86% de los recursos hídricos de la cuenca y que acumula varias campañas con recortes de dotaciones, en los últimos tres años de un 10%, 20% y 50% respectivamente. La situación ha desembocado en la reciente declaración de situación de sequía extraordinaria, la segunda en lo que va de siglo, tras la anterior de 2008.

 

 

Este nuevo Plan Hidrológico, que por primera vez incluye un anexo dedicado al análisis del impacto del Cambio Climático en el que se reconoce a la agricultura como el uso que más sufrirá los efectos de la combinación de la reducción de los recursos y del aumento de la evapotranspiración, debe regirse según COAG, por un plano restrictivo a nivel normativo, que evite el colapso de toda la cuenca. En lo que respecta al uso agrario, este cambio en las condiciones tendrá claros efectos sobre el estrés de los cultivos, generando conflictividad social en la agricultura de regadío del Guadalquivir.

 

 

En base a esto, y con una justificación con datos que no obedecen a la realidad, la CHG, por medio de la planificación hidrológica, ha incentivado cambios de cultivo, favoreciendo el olivar y el almendro súper intensivo. Este cambio se está fomentando incluso con una modificación al alza de las dotaciones en estos cultivos, lo que creemos que va en contra de la política del ahorro y de no incremento del regadío que se supone que es la “piedra angular” de la Planificación. Lo que realmente ha favorecido esta iniciativa es que se introduzcan modelos intensivos de producción y ampliaciones de superficie, abastecidos tanto con aguas superficiales como subterráneas que están llevando al límite la capacidad de la cuenca.

 

Para esta organización, la CHG actúa con la presión del capital financiero que invierte en agricultura y sistemas agrícolas societarios, que especulan con los recursos y distorsionan el funcionamiento de los mercados, hacen tambalear toda la cadena agroalimentaria, así como se quedan con los recursos y los instrumentos productivos. Para COAG Andalucía, la administración no puede limitarse a establecer dotaciones y concesiones sobre el papel, sin atender a las consecuencias de sus decisiones, debiéndose ejercer un mayor control por parte de la Confederación sobre el destino del recurso, la gestión de las Comunidades de regantes y los regadíos ilegales.

 

 

 

 

 

 

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