Piden 6 años a la ex alcaldesa de Los Molares por 43 infracciones urbanísticas

No inició expedientes sancionadores y dejó caducar los plazos. . Fue advertida repetidas veces en cuatro años por el arquitecto y secretario municipales.

_No inició expedientes sancionadores y dejó caducar los plazos. . Fue advertida repetidas veces en cuatro años por el arquitecto y secretario municipales.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha pedido seis años de cárcel para Rosalía Moreno Marchena (PSOE), ex alcaldesa de Los Molares, por tres delitos de prevaricación urbanísticas en 43 obras ilegales, que no paralizó ni sancionó pese a las advertencias por parte del arquitecto y secretario municipales.

La ex alcaldesa, ahora portavoz de la oposición y asesora de la Diputación de Sevilla, será juzgada junto con los ex concejales Leocadia Álvarez Barrera, José Carlos Ramos Gómez y Sergio Román Domínguez, entonces miembros de la Junta de Gobierno municipal.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, recuerda que Moreno Marchena, como alcaldesa entre 2011 y 2019, era la encargada personalmente de ordenar la iniciación de los preceptivos expedientes sancionadores y de restablecimiento del orden jurídico en materia de disciplina urbanística.

En el periodo comprendido entre enero de 2012 a mayo de 2016, el arquitecto municipal, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, elaboró un total de 43 informes técnicos sobre infracciones urbanísticas, tanto en suelo rústico como en urbano.

Entre otras, siete garajes en la calle Fuente de la Higuera cuyas obras “no eran legalizable y debían dar lugar a la reposición de la realidad física alterada”; cuatro reformas en la calle La Perla, entre ellas la cubierta de un porche, y otras obras como la ampliación de un quiosco o la construcción de una piscina que no eran legalizables en ningún caso.

Afirma la Fiscalía que la alcaldesa, “a sabiendas de su obligación de ordenar la incoación de los preceptivos expedientes sancionadores, silenció la totalidad de las infracciones” pese a que estaba dotada de medios suficientes para su tramitación y sin que solicitara auxilio a los servicios de disciplina urbanística de la Diputación Provincial.

De las 43 obras investigadas, solo inició expediente en cuatro y no paralizó el resto, por lo que los trabajos llegaron al finalizarse sin que se impusiera la sanción correspondiente ni se restaurara la legalidad. La entonces alcaldesa “dejó caducar los expedientes o prescribir las infracciones”.

APROBÓ OBRAS “PESE A LA CLARIDAD DE LOS INFORMES EN CONTRA”

Añade la acusación que en febrero de 2012 se presentó una solicitud de licencia de primera ocupación a la que se opuso el arquitecto municipal y el secretario porque la obra superaba el 80 % permitido.

“No obstante la claridad de los dos informes técnicos y jurídicos advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia”, la Junta de Gobierno del  23 de febrero de 2012 concedió la licencia por unanimidad de la alcaldesa y los concejales Sergio Román, Leocadia Álvarez y José Carlos Ramos.

Otro promotor presentó una solicitud de licencia de primera ocupación en la calle Huerta de la Riva, de la que el arquitecto y secretario informaron que no procedía hasta que no se presentase la documentación solicitada pero la Junta de Gobierno del 5 de octubre de 2012 la concedió “sin más justificación que la solicitud inmotivada de éste y sin que se hubiera aportado la documentación”.

La ex alcaldesa se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y 24 meses de multa con cuota de 10 euros (7.200 euros) por cada uno de los tres delitos de prevaricación urbanística de los que está acusada. Cada uno de los concejales está acusado de dos delitos, con una condena por cada uno de dos años y la misma multa  de 7.200 euros. La petición del fiscal incluye 10 años de inhabilitación para cargo público.