IU denuncia la privatización universitaria auspiciada por Wert

Nacional. El Área de Educación de IU denuncia la expansión del negocio privado en la Educación Superior que auspicia el gobierno del PP eliminando requisitos para abrir nuevas universidades privadas y facilitando que las CCAA puedan …

Nacional. El Área de Educación de IU denuncia la expansión del negocio privado en la Educación Superior que auspicia el gobierno del PP eliminando requisitos para abrir nuevas universidades privadas y facilitando que las CCAA puedan cerrar universidades públicas, con el nuevo real decreto de creación y reconocimiento de Universidades que prepara.

Desde 1997 las universidades privadas han proliferado en la geografía estatal de la mando del PSOE y del PP, pasando de 12 a 32, mientras no se ha abierto ni un solo campus público (manteniéndose los 50 que había). A estas 32 se suman 5 nuevos proyectos, los dos más recientes en la Comunidad de Madrid, donde el número de privadas doblaría ya casi al de públicas. Sin embargo, en estos 17 años no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios, pero en contraste el número de universidades privadas no ha dejado de aumentar.

Izquierda Unida denuncia que la repetida frase por nuestras autoridades públicas “hay demasiadas universidades”, debería ser fiel a la verdad y afirmar “hay demasiadas universidades privadas”. Porque la última universidad pública se levantó hace tres lustros y, sin embargo, en ese tiempo, el número de privadas se ha multiplicado por dos hasta llegar a las 32 actuales.

Izquierda Unida denuncia que la mayoría de los informes preceptivos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria han sido negativos, señalando deficiencias graves en los proyectos de creación de nuevas universidades privadas, y que en la práctica totalidad de ellos se subraye la falta de encaje de la oferta de titulaciones propuestas, por innecesaria, en el marco de la programación general. Sin embargo, a pesar de que muchas de ellas no reunían todos los requisitos exigidos (con un 30% de profesores doctores, cuando el mínimo de Bolonia es el 50%), ni garantizaban la calidad docente (la universidad ‘online’ Manuel Ayau patrocinada por una naviera, una empresa de talasoterapia y de transportes frigoríficos se sitúa en una casa de 23 metros cuadrados), ni una mínima actividad investigadora que no parece serles rentable (el 99% de la investigación se hace en los centros públicos), los distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas autorizaron la apertura de esos “negocios privados” universitarios que se han convertido en fábricas de expender títulos a un buen precio.

Mientras, desde 2011 el Gobierno central viene presionando a los gobiernos autonómicos para que establezcan una reforma del “Mapa de Titulaciones universitarias”, exigiéndoles que supriman diferentes titulaciones públicas y que fusionen otras. Insistiendo, con su habitual neolenguaje, que esto no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y racionalizar. El nuevo real decreto de Wert lo quiere consagrar por ley en el borrador de Real Decreto de Creación y Reconocimiento de Universidades, estableciendo que las comunidades autónomas podrán revocar la autorización de funcionamiento a las universidades públicas o de sus centros que no cumplan una serie de exigencias mínimas, previsión que hasta ahora sólo se contemplaba para los centros privados.

Esto encaja con la filosofía de los actuales gobiernos conservadores de las Comunidades Autónomas, que están apostando por recortar las universidades públicas, mientras autorizan, apoyan y potencian simultáneamente las universidades privadas. Por ejemplo, los gobiernos del PP de Torrent, Valencia, Alzira y Xàtiva han cedido terrenos públicos para las universidades privadas. O en El Campello y Sant Joan para impulsar dos nuevas universidades privadas. Incluso en Sant Joan el ayuntamiento del PP compró una residencia de tiempo libre para ceder la instalación a la nueva universidad privada.

Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado las titulaciones que había en la pública. Por ejemplo, la actual burbuja universitaria del sector privado en Valencia ha acabado con años de planificación del sistema universitario público valenciano, denuncian los rectores. Una burbuja privada que está provocando una saturación de grados duplicados que generará cuantiosos beneficios económicos a quienes la promueven. El ejemplo más significativo son las ocho facultades de medicina en el País Valenciano, tres de ellas en Alicante.

El Área Federal de Educación de IU denuncia que el real decreto de creación y reconocimiento de universidades que prepara Wert lamina la labor de la Secretaría General de Universidades, del propio Ministerio de Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas, dejando claro que no responden a uno de los tres motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por razón de mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Por eso la creación de nuevas universidades privadas no tiene razón de ser ni responde a ninguna necesidad social, solo al ánimo de lucro y beneficio de sus accionistas. Sin embargo, el real decreto de creación y reconocimiento de universidades elimina esos requisitos para que no supongan trabas para seguir ampliando el negocio educativo u otros que supongan algún tipo de dificultad como el de que las universidades cubran con sus títulos las distintas ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología).

El Área de Educación de IU denuncia además que, simultáneamente a todo lo anterior, el PP han desatado una campaña de desprestigio de los campus públicos para favorecer a los privados: a los recortes de más de 1.200 millones desde 2010 se suma el encarecimiento de matrículas y una mayor exigencia de notas para acceder a las becas. Se potencia así una nueva privatización del sector público, diseñada desde los organismos públicos a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía.