Países que apostaron por empresas públicas de energía

Las eléctricas con participación pública son una realidad desde hace años en países como Alemania o Francia, donde ya en 2018 el Estado poseía capital propio en 81 compañías

_Las eléctricas con participación pública son una realidad desde hace años en países como Alemania o Francia, donde ya en 2018 el Estado poseía capital propio en 81 compañías.

Las eléctricas con participación pública son una tendencia que se está consolidando y a la que una larga lista de países ya se ha sumado. Dentro de la Unión Europea, Polonia, Italia, Rumanía, Suecia, Lituania, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Francia y Alemania ya cuentan con empresas públicas que gestionan la energía para que esta sea accesible para todos los ciudadanos y evitar así la especulación y el rendimiento económico por el que se guían las grandes compañías eléctricas.

Muestra de esto último ha sido la última maniobra de Iberdrola, vaciando embalses de Zamora y Cáceres hasta dejarlos en mínimos históricos para maximizar su beneficio económico y abaratar el coste de producción de la energía. La polémica hacía que el debate sobre crear una empresa pública de energía en España se pusiera sobre la mesa, siendo esta una iniciativa en la que que el sector morado del Gobierno de Coalición ya trabaja para hacer frente al oligopolio de las eléctricas tras años proponiéndolo desde la oposición.

Aunque el PSOE siempre se había mostrado reacio ante la idea —seguramente, por el hecho de que figuras del partido hayan ocupado altos cargos dentro del oligopolio tras dejar la política, como el expresidente Felipe González, quien se convirtió en consejero de Gas Natural Fenosa, o la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, actualmente presidenta del grupo Red Eléctrica de España—, Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica, sorprendía ayer al mostrar mayor flexibilidad y abrir la puerta a crear una empresa pública de energía para que el Estado pueda gestionar parcialmente el sector.

La participación pública en el sector serviría, además, para combatir los estragos sociales provocados por la privatización de la electricidad —que ha convertido la energía en un bien de lujo para muchas familias españolas— iniciada en 1988 por González bajo la excusa de “modernizar el sector” y culminada por el gobierno de José María Aznar, quien después se convertiría en asesor externo de la cúpula directiva de Endesa. Las puertas giratorias podrían ser, por lo tanto, la razón por la que voces socialistas y de la derecha carguen contra la propuesta de Unidas Podemos para crear una empresa pública de energía pese a que el ejemplo de otros países demuestra el beneficio de la iniciativa para la población.

LOS HECHOS DESMONTAN EL ARGUMENTARIO DE LA DERECHA

El pasado jueves, el Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés, advertía al PSOE de que crear una empresa pública de energía sería “la claudicación definitiva del socialismo a manos del comunismo de Podemos”. Una línea que ha seguido Ciudadanos, que se ha alineado a los populares con las declaraciones de este viernes de Begoña Villacís. La vicealcaldesa de Madrid tildaba la idea de “insensatez”, “populista” y “regresiva” y animaba al Gobierno de coalición a, “en lugar de copiar lo que están haciendo en Venezuela”, buscar “otros países donde se han abordado propuestas mucho más razonables”.

Cumpliendo con la petición de Villacís y echando la vista al resto de Europa, lo cierto es que las empresas de energía públicas forman parte de un gran número de países desde hace años, siendo el primer país de la clasificación Finlandia. En Francia, ya en 2018 el Estado poseía capital propio en 81 compañías, entre las que se encuentra el principal operador del país, France Telecom, Renault o la compañía aérea Air France. En Alemania, la participación del Estado llega también hasta el Grupo Volkswagen, el principal productor de automóviles alemán.

Por lo tanto, la participación pública en el sector eléctrico no es ninguna novedad ni es característica del sistema comunista, como insisten en hacer creer desde la derecha y la ultraderecha. Sin embargo, parece que existen intereses económicos por los que, en España, a políticos de determinadas formaciones no interesa la creación de una empresa pública de energía que combata la pobreza energética y las desigualdades en el acceso a la energía. Sin embargo, esta podría hacerse realidad ya que Unidas Podemos trabaja en una ley con la que se podrían recuperar para el Estado las concesiones hidroeléctricas a medida que estas vayan caducando.