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Morón

Ecologistas denuncia al Ayuntamiento por impulsar una nueva ampliación de la cantera SIDEMOSA en la Sierra de Esparteros

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Ecologistas en Acción denuncia la prevaricación ambiental que supone el reiterado incumplimiento de las normas de especial protección urbanística de la Sierra, ratificadas mediante sentencia de julio de 2019 del TSJA…

_Ecologistas en Acción denuncia la prevaricación ambiental que supone el reiterado incumplimiento de las normas de especial protección urbanística de la Sierra, ratificadas mediante sentencia de julio de 2019 del TSJA.

 

El pasado mes de marzo la empresa SIDEMOSA presentó solicitud en la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla para la obtención de Autorización Ambiental Unificada para la apertura de un nuevo frente de cantera en la concesión de explotación minera Sierra de Morón RSC 7200, situada en la vertiente sur de la Sierra  de Esparteros de Morón de la Frontera. La solicitud va acompañada de un informe que aporta el Ayuntamiento de Morón, que resulta ser contrario al contenido de sus propias normas urbanísticas y contrario al dictado de sentencias judiciales. 

 

 

Se ignora en la solicitud el contenido de la sentencia de 17 de julio de 2019 de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la prórroga de 30 años de esa concesión minera que otorgó el 19 de febrero de 2014 la entonces Directora General de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, que será juzgada este año por prevaricación en el caso del concurso minero de Aznalcóllar. La sentencia también anuló la declaración de impacto ambiental favorable de 22 de octubre de 2013 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Sevilla. Y la sentencia se basó en los informes del arquitecto municipal de marzo de 2013 y 2015, que describen el contenido de las normas urbanísticas vigentes en Morón de la Frontera, que prohíben expresamente las actividades industriales, extractivas y los movimientos de tierra en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección donde se ubica la cantera SIDEMOSA.

 

 

Durante la tramitación en 2013 de esa prórroga ilegal, el Alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez Domínguez, ocultó a la Junta de Andalucía ese informe del arquitecto municipal que declaraba la incompatibilidad urbanística, y así quedó constatado en una posterior resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de 24 de febrero de 2015.

 

 

Ahora el Ayuntamiento de Morón está volviendo a eludir el contenido de la sentencia del TSJA. En enero de 2021 otro arquitecto municipal del Ayuntamiento informó nuevamente la incompatibilidad urbanística de la actividad minera de la cantera SIDEMOSA y el Alcalde denegó una licencia para instalar tres nuevas cintas transportadoras en la cantera, en base a la incompatibilidad urbanística. 

 

 

Sin embargo, en mayo de 2021 la empresa SIDEMOSA solicitó al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Morón de la Frontera un nuevo informe de compatibilidad urbanística para ampliar la cantera dentro la concesión minera y entonces el Ayuntamiento, en vez de responder con cualquiera de los 3 informes de incompatibilidad urbanística que ya tiene y con la sentencia del TSJA que ratifica el contenido de esos informes, decide solicitar un informe-dictamen a una empresa privada externa, Territorio y Ciudad, la encargada de hacer el PGOU de Morón que fue archivado por la Junta de Andalucía por incumplimiento de la legislación ambiental.

 

El informe-dictamen de la empresa ratifica la incompatibilidad urbanística de la explotación minera actual, pero abre la posibilidad de autorizar la ampliación solicitada sobre una explotación declarada ilegal mediante sentencia judicial, y para ello usa una fraudulenta interpretación de las normas urbanísticas de 1982.

 

Y el Ayuntamiento de Morón, en vez de hacer valer los informes de incompatibilidad urbanística de sus arquitectos y el contenido de la sentencia del TSJA, ha dado curso a ese informe-dictamen para que SIDEMOSA tramite la ampliación de la cantera ante la Junta de Andalucía, lo que puede suponer un comportamiento que raya la prevaricación ambiental.

 

 

 

 

 

 

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