La anulación de la plusvalía abre un agujero de 700 mil euros en las cuentas del Ayuntamiento de Morón

El Tribunal Constitucional declaró nula la plusvalía municipal (técnicamente, impuesto sobre el valor del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana) el martes en una sentencia que culmina…

_El Tribunal Constitucional declaró nula la plusvalía municipal (técnicamente, impuesto sobre el valor del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana) el martes en una sentencia que culmina dos fallos previos en los que ya cuestionaba el mal diseño del impuesto, de los años 2017 y 2020. Finalmente ha tumbado todo el tributo ante la pasividad del Gobierno para cambiar su redacción, lo que supone un gran golpe para las cuentas municipales y abre un periodo de incertidumbre tanto para los ayuntamientos como para los contribuyentes.

Por esta figura tributaria el gobierno municipal pretendía recaudar en el año 2021 la cantidad de 719.014,69 euros, una cifra que equivale al 4,08% de lo que  ingresos tributarios recogidos en los presupuestos de 2021 de Morón. Se trata, por tanto, de una no despreciable vía de financiación que tiene nuestro municipio  para su financiación. La sentencia del Constitucional paraliza ahora la recaudación de este tributo, que queda suspendido hasta que el Gobierno actualice la Ley de Haciendas Locales con una redacción que se ajuste a la Carta Magna.

Precisamente este tema fue tratado en el último pleno extraordinario celebrado ayer, 27 de octubre,  condicionando el debate y votación del segundo punto del pleno, la Modificación de Crédito número 7 del Presupuesto 2021, que fue pospuesto para un próximo pleno hasta conocer que incidencia tendrá esta incidencia en las cuentas municipales. Además el momento de la sentencia es clave, ya que los municipios están ultimando ahora sus presupuestos para el año 2022 y la sentencia pone en duda sus ingresos futuros. La cuestión es todavía más relevante si se tiene en cuenta que la sentencia puede dejar la puerta abierta a miles de reclamaciones por los impuestos cobrados durante los últimos años.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

La noticia de la anulación de la plusvalía municipal es el desenlace del que el Constitucional venía advirtiendo desde el año 2017. A nadie le puede sorprender el fallo, y menos al Gobierno. En 2017, el TC declaró que una parte de la plusvalía municipal era inconstitucional porque cobraba a algunos contribuyentes que habían perdido con la compraventa de su casa. En ese momento el impuesto quedó herido de muerte y el Gobierno, en ese momento el de Mariano Rajoy, obligado a corregirlo.

Poco después, en 2019, el TC volvió a la carga, anulando el impuesto en los casos en los que cobraba la totalidad del beneficio obtenido por un ciudadano por la venta de su vivienda. Finalmente, el Constitucional ha anulado el tributo completo porque no existe relación entre el hecho imponible y el cálculo de la base imponible.

Pero antes de estas dos últimas sentencias ya era evidente que el Gobierno tenía que actualizar el tributo que había quedado amputado. De hecho, en 2018 el propio PSOE elaboró, junto con Ciudadanos, una proposición no de ley para exigir a Rajoy que devolviera el impuesto cobrado ilegalmente y que modificara inmediatamente el tributo. Rajoy no hizo ni lo uno ni lo otro, pero se mantuvo en el cargo unos pocos meses más. Desde entonces ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien, ignorando su propia exigencia desde la oposición, ha desistido en modificar el tributo.

Ahora tendrá que hacerlo con carácter de urgencia para recuperar el impuesto que ha anulado el Constitucional. Eso sí, tendrá que hacerlo por la vía de la ley, ya que la modificación sustancial del impuesto no puede hacerse con un real decreto ley, y tampoco se puede incorporar como una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. El resultado es que el cambio normativo dejará unos meses de vacío en este impuesto justo en un momento en el que se está reactivando el mercado de la vivienda de segunda mano.