CSIF eleva al Ministerio de Trabajo el conflicto laboral de la base de Morón

CSIF ha elevado a la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Verónica Martínez Barbero, el conflicto que desde hace años sacude a la plantilla española …

_CSIF ha elevado a la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Verónica Martínez Barbero, el conflicto que desde hace años sacude a la plantilla española de Vectrus, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, donde desde hace años se denuncia la sustitución de estos empleados por militares norteamericanos.

Vectrus, recordémoslo, relevó en 2015 a Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, después de que dicha entidad hubiese acometido tres ERE desde 2010, desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press, desestimaba el recurso de los trabajadores y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".

LA SENTENCIA DEL ERE DE 2014

Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos".

Después de que los representantes de la plantilla hayan ido dando cuenta a lo largo de los años del goteo de despidos posterior a los citados ERE, CSIF ha expuesto a la directora general de Trabajo que desde 2010, "se han perdido alrededor de 300 puestos de trabajo, que han sido reemplazados por personal procedente de Estados Unidos".

Además, el sindicato ha denunciado "la continua pérdida de derechos de los trabajadores españoles, a los que no se permite ejercer sus derechos a manifestarse dentro del recinto militar y a los que se limita el derecho de huelga con el establecimiento de servicios mínimos abusivos". "Actualmente varios representantes sindicales de los trabajadores están sancionados sin acceso a sus equipos informáticos, circunstancia que se ha comunicado a la Inspección de Trabajo, sin que ésta, por el momento, haya procedido a realizar ninguna actuación al respecto", agrega el sindicato.

La directora general de Trabajo se ha comprometido así con CSIF, según el sindicato, a trasladar a los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores la problemática, recordando el sindicato la reivindicación de incluir a esta plantilla en el Acuerdo Bilateral de Defensa con EEUU, tal y como ocurre con la plantilla de la base aeronaval de Rota (Cádiz), para que los trabajadores estén bajo el amparo del Ministerio de Defensa.