El IES Carrillo Salcedo de Morón apoya al instituto de Baena denunciado por poner el vídeo de Ana Orantes

El IES Carrillo Salcedo de Moró de la Frontera ha mostrado su solidaridad con el claustro del IES Luis Carrillo de Sotomayor de la localidad cordobesa de Baena y con toda la comunidad educativa ante la denuncia…

_El IES Carrillo Salcedo de Moró de la Frontera ha mostrado su solidaridad con el claustro del IES Luis Carrillo de Sotomayor de la localidad cordobesa de Baena y con toda la comunidad educativa ante la denuncia presentada por un padre contra un docente que organizó una actividad que pretendía conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, mediante la proyección de un vídeo de Ana Orantes, la mujer que fue quemada viva por su marido en 1997 tras realizar una entrevista en televisión y que desencadenó un amplio movimiento feminista en España.

Este Instituto de secundaria de Morón se une así a organizaciones como Codapa (Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública), CGT, Ustea y CCOO, posicionándose  contra la ultraderecha y pidiendo el archivo de la denuncia.

LA CONFEDERACIÓN DE PADRES DEFIENDE AL INSTITUTO DE BAENA POR PONER EL VÍDEO DE ANA ORANTES

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública, Codapa, ha expresado su “solidaridad y respaldo” al IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baenay a su profesorado, tras la denuncia de la familia de un alumno por la proyección de un documental sobre Ana Orantes, símbolo de la lucha contra la violencia de género, coincidiendo con el 25N.

En este sentido y en un comunicado, la Codapa ha recordado que “todas las actividades que se programan en clase se aprueban previamente en el máximo órgano de representación de la comunidad educativa en los centros educativos, el consejo escolar, con el consenso de las madres y padres, con los que también colabora de forma directa la persona coordinadora de coeducación a la hora de decidir todo lo que se hace en materia de igualdad”. En este caso en particular, la actividad había sido aprobada y programada dentro del Plan de Igualdad de este instituto.

“Que la denuncia haya prosperado demuestra un desconocimiento absoluto del funcionamiento de los centros”, según ha lamentado la Codapa, sorprendida por “la citación judicial al profesor que visionó el documental en clase, sobre todo, porque este tipo de actividades está amparada por la normativa vigente, estatal y autonómica”.

“Se da la circunstancia, además, de que el documental en cuestión es el propuesto por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que en su calendario escolar coeducativo para este curso sobre mujeres andaluzas con historia dedica noviembre a Ana Orantes, cuyo valiente testimonio público en televisión y su cruel asesinato posterior a manos de su marido, que la quemó viva, marcó un antes y un después”.

Ello “sacó la violencia machista del ámbito doméstico y obligó a la sociedad a replantearse la necesidad de tomar conciencia y buscar soluciones ante tal lacra, tal y como recuerda esta misma herramienta didáctica del IAM”.

En consecuencia, “lo sucedido obedece a un intento de amedrentar al profesorado, tratando de judicializar la labor docente para sacar de la agenda escolar cuestiones que parecen molestar a determinados sectores, como la igualdad que, no olvidemos, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Para la Codapa “la gravedad de este caso, más propio de otros tiempos en los que imperaba la censura, merece una respuesta contundente”, y por eso ha reivindicado “dar portazo a propuestas retrógradas como el PIN Parental, que anteponen el sesgo ideológico de las familias al interés del menor, cuyo derecho a recibir una formación integral en materia de igualdad o diversidad afectivo sexual debe estar por encima de cualquier prejuicio particular”.

Así, “bajo el tan aclamado derecho a elegir de las familias con el que intentan justificar este tipo de iniciativas se esconde un argumento equivocado muy peligroso”, porque las familias no pueden “modificar el currículo educativo” de sus hijos a su “antojo”, y no pueden “disponer de un veto para usar a voluntad, ya que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto”.

De lo contrario, se estaría “atentando contra la autonomía de los centros y contra el propio derecho del alumnado a recibir una educación integral basada en valores colectivos e inclusivos”, por lo que “es alarmante que se recurra a los juzgados para denunciar temas educativos que se pueden tratar por otras muchas vías”.

De hecho, “las familias pueden hacer consultas y propuestas al equipo directivo del centro, en caso de desavenencia de algún tipo”, y “pueden conocer de primera mano las normativas y derechos universales que amparan determinadas actividades”.

GUÍA DE USTEA

Por su parte y relación con este mismo asunto, Ustea ha anunciado este jueves en un comunicado que pone a disposición de los centros educativos y del personal docente “una guía de actuación contra el PIN Parental”, pues el sindicato ha detectado que “se están recibiendo en los centros docentes públicos de Andalucía preocupantes escritos impulsados por organizaciones de ideología abiertamente machista y xenófoba”.

Tales organizaciones, que agrupan “a un sector minoritario de familias”, están “auspiciadas por grupos de extrema derecha, que fomentan los discursos de odio y abominan de la igualdad y el respeto a la diversidad, que desoyen la emergencia climática o niegan y pervierten episodios de nuestra Historia, reclamando el supuesto derecho que les asiste a cercenar la formación de los menores mediante el registro de autorizaciones expresas o peticiones de preferencias de exclusión de parte del alumnado en actividades programadas por el centro educativo”.

Ante esta situación y tras un análisis de la realidad normativa educativa, tanto autonómica, como nacional, Ustea ha querido “aclarar los derechos que asisten, tanto a equipos directivos, como a docentes y a menores”, y por ello ha elaborado la citada guía, esperando que pueda ser de utilidad para los centros y el profesorado”, que se puede descargar en formato PDF en la web de Ustea.

ADELANTE ANDALUCÍA

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha exigido este jueves al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, “que ampare a la comunidad educativa” ante los “ataques de su socio de gobierno”, Vox, “para garantizar que no vuelvan a repetirse”, tras apoyar dicha formación a los padres de un alumno que han denunciado a un IES de Baena (Córdoba) por desarrollar una actividad conmemorativa del 25N.

En un comunicado, Naranjo, quien ha expresado su “apoyo y solidaridad con el claustro del IES Luis Carrillo Sotomayor de Baena”, también ha instado “a la Fiscalía General del Estado a que dé las instrucciones pertinentes para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite”.

Junto a ello, Naranjo ha pedido a Imbroda que ampare a la comunidad educativa ante los mencionados “ataques” de Vox, pues “no podemos tolerar estas manifestaciones de odio hacia los avances para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y mucho menos en un centro educativo”.

Además, según ha señalado Naranjo, la actividad del IES baenense que ha sido denunciada “cumplía todos los requisitos de las instrucciones que mandó la propia Junta de Andalucía para el 25N, para alcanzar la igualdad y para trabajar la coeducación en el aula”.

Esos “temas transversales, como es la coeducación, son tan importantes como las materias instrumentales, tales como Matemáticas o Lengua, ya que todas forman parte del curriculum educativo”, según ha resultado Naranjo, quien ha insistido en que “toda esta situación es consecuencia de esas propuestas peregrinas que van a atacar la igualdad entre hombres y mujeres, que lanza Vox y que compra el Gobierno de PP y Cs de la Junta de Andalucía, como es el caso del PIN Parental”.

En opinión de la parlamentaria de Adelante Andalucía, se da “la impresión que los padres y madres tienen que autorizar, o no, lo que el alumnado trabaja en la clase, cuando los contenidos que trabajan los docentes vienen establecidos por el propio profesorado, y por la Administración competente en el ámbito educativo, tanto a nivel nacional, como autonómico”.