El histórico decreto andaluz contra los desahucios entra en vigor hoy.

Escrito por  Morón Viernes, 12 Abril 2013 10:53
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Las familias amenazadas por desahucios ya pueden acogerse al decreto andaluz

Unas 200 familias podrán beneficiarse de la expropiación temporal de uso de las viviendas para evitar el desahucio tal y como se recoge en el decreto andaluz que hoy entra en vigor.

Los requisitos son: Primero. La vivienda tiene que ser la habitual y estar en propiedad del deudor. Que el lanzamiento genere una situación de emergencia social o exclusión. Segundo. La ejecución debe ser consecuencia del impago del préstamo hipotecario, que la carga hipotecaria haya supuesto un incremento del 50 por ciento sobre la renta, siendo la cuota más de un tercio de los ingresos mensuales. Tercero. Los ingresos familiares no deben superar los 1.597 euros (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A cambio,la familia beneficicaria deberá pagar mensualmente a la Junta una cuantía no superior al 25 por ciento de sus ingresos.

También habrá penalizaciones, de hasta 9.000 euros para bancos, inmobiliarias y promotores que tengan viviendas vacías. Nunca para los particulares. La expropiación se hará a través de una orden preferente en los casos de menores, mayores dependientes, víctimas de violencia de género o desempleados sin prestación.

Sobre la repercusión del decreto-ley sobre la vivienda del Gobierno andaluz, no ha encontrado eco en el resto de comunidades, salvo en Canarias. Firmado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU) y por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE),el decreto, que entra en vigor hoy, explica que las viviendas desocupadas representan "el mayor exponente del incumplimiento" de su finalidad social, y que se actúa en este ámbito por la "imperiosa urgencia" debido a la crisis.

Las viviendas susceptibles de ser expropiadas por un máximo de tres años, indica el decreto, son las que tengan como titulares a una persona jurídica y nunca las de personas físicas, y también se excluyen las casas dedicadas al esparcimiento o recreo, las destinadas al arrendamiento por temporadas o a usos turísticos.

El decreto ley de "medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda" introduce una disposición "destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica" de las familias perjudicadas por ejecuciones hipotecarias para que puedan seguir ocupando sus casas.

Según Elena Cortes, casi doscientas familias andaluzas podrían beneficiarse en una primera fase de la expropiación temporal del uso de la vivienda, ya que son las que hasta ahora han demandado protección contra los desahucios en las oficinas abiertas por la Consejería de Vivienda de la Junta desde octubre.

Elena Cortés ha planteado este jueves al Ministerio de Fomento que convoque una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas para debatir sobre los desahucios y para que Andalucía explique con detalle el nuevo decreto-ley.

Salvo en Canarias, la medida no ha encontrado eco en la mayoría de las comunidades, y, en concreto, las gobernadas por el PP han opinado que se tata de un titular "para contentar a determinada parroquia". En esta línea, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el decreto ley es una medida muy poco "inteligente" y típica "de otros países".

Asimismo, el PP ha anunciado que presentará enmiendas al decreto cuando se inicie su tramitación, para garantizar "el rigor legal, la seguridad jurídica y la utilidad real".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha acogido "en sentido positivo, pero con mucha prudencia" el decreto ley, medida que considera "novedosa" y "con interés", siempre que respete la legalidad y pueda cumplir además una función social.

Del Río ha añadido que la medida debe ser abordada "con prudencia", valorando los intereses en juego, cómo se concreta su aplicación práctica, y bajo la premisa del cumplimiento de la legalidad y la búsqueda de una función social. Según el presidente del alto tribunal andaluz, las expropiaciones que prevé la normativa resultan además "algo novedoso" y no habitual en la legislación, puesto que no se refieren a la propiedad en sí, sino al uso temporal de la misma durante tres años.

Por su parte,el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha dicho que "probablemente" hubiera sido "conveniente" que les consultaran, aunque no fuera obligatorio.

"Me parecería sensato que a lo largo de la tramitación parlamentaria, que es de dos o tres meses, el Consultivo pueda evacuar su dictamen" para incidir en las enmiendas de los aspectos que pudieran ser "controvertidos" desde el punto de vista jurídico, ha señalado Bueso.

El coordinador general de IU Andalucía, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, ha enviado una carta a la dirección federal para que el decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz, que denomina "antidesahucios", se traslade a todos los parlamentos autonómicos en los que tienen presencia.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha opinado que se trata de un "atraco".

 

 

 

 

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