EL PSOE de Morón retira su moción que pedía reconvertir en alquiler las VPO del Rancho tras presión de algunos propietarios.

Al comienzo del pleno del pasado jueves, el alcalde Juan Manuel Rodríguez anunció la retirada del punto número 16 del orden del día del pleno…

Al comienzo del pleno del pasado jueves, el alcalde Juan Manuel Rodríguez anunció la retirada del punto número 16 del orden del día del pleno ordinario correspondiente al mes de enero, celebrado ayer jueves, y que correspondía a la moción del Grupo PSOE: “Solicitud a la delegación provincial de la Consejería de Fomento para el cambio de régimen de compraventa a alquiler del grupo de 64 viviendas de protección en régimen de venta de El Rancho.

Según la moción, de la que se han hecho eco incluso medios  provinciales,  se da la “situación paradójica” de que, “mientras existen 50 viviendas sin ocupar” de propiedad pública, “son muchos los vecinos que tienen necesidad de vivienda. Su portavoz, Ignacio Cala, en declaraciones que recoge el Diario de Sevilla informó que hasta 12 de estos inmuebles se ocuparían de forma inmediata con los realojos urgentes que intenta solventar el Consistorio, cuatro por desahucios y el resto por familias que no pueden pagar el alquiler que tenían.

Además, la moción insiste en que “ni el Ayuntamiento ni la Junta debemos permitir que existan viviendas vacías de propiedad pública mientras haya ciudadanos que no tienen recursos para comprar”. En este sentido la intención de la moción es pedir a la Delegación provincial de la Consejería de Fomento y vivienda el cambio de régimen de las viviendas de la promoción de 64 VPO de El Rancho que están vacías, para convertirlas en inmuebles de alquiler o de “renta-venta”.

Todo lo anterior quedó en nada cuando un grupo de propietarios de estos pisos se reunieron justo antes del comienzo del pleno con la intención de presionar al al alcalde, Juan Manuel Rodríguez, para que retirara la moción esgrimiendo varios argumentos. Estos propietarios se quejan que sería una situación discriminatoria, ya que ellos seguirán pagando la hipoteca mientras que los posibles nuevos  vecinos, con el cambio de régimen  que propone  la moción estarían en régimen de alquiler o “renta-venta”. Otro argumento que esgrimen estos propietarios son el efecto llamada que puede tener la aprobación de estas medidas a “ocupas”.

Hay que recordar, que estos pisos se construyeron gracias al dinero público procedente  de  la Junta de Andalucía, a través de su empresa pública EPSA  , que se pusieron a un precio totalmente asequible, fuera de mercado,  costando cada vivienda  78.000 €, y se vendieron  a familias que no superaban 2,5 veces el IPREM. Destacar  que aunque la gestión de venta de los inmuebles  los lleva una gestoría (Gestoría Marín), los pisos siguen siendo públicos, por lo que corresponde únicamente a EPSA  decidir sobre la finalidad de estas viviendas.