El Defensor del Pueblo concluye que ni la Junta ni el Ayuntamiento de Morón aceptan su resolución sobre la cantera de Sidemosa

Morón. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha concluido que ni la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ni el Ayuntamiento de Morón de la Frontera…

Morón. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha concluido que ni la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ni el Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Juan Manuel Rodríguez (PSOE), han "aceptado" su resolución sobre la prórroga de 30 años concedida a la empresa Sierra de Morón S.A. (Sidemosa), para continuar explotando como cantera la sierra de Esparteros.

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara "viable" la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones. "El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (…), si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002", figura en la declaración de impacto ambiental, recogida por Europa Press.

El 19 de febrero de 2014, según una comparecencia parlamentaria de la entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación", extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas.

"Motivos de seguridad"

La consejera explicaba que a través de esta prórroga, y por "motivos de seguridad", la superficie del yacimiento pasaba de las 19,5 hectáreas anteriores a un total de 20 hectáreas. "Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte"", explicaba la consejera.

Ecologistas en Acción, no obstante, avisaba en aquellos momentos de un posible "trato de favor" hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría "las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera" y no incluiría ningún "informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa", entre otros aspectos.

Además, Ecologistas en Acción exponía que esta prórroga fue autorizada merced a "una legislación ambiental de 1994 derogada desde enero de 2008" y pese a que "la legislación urbanística vigente en Morón prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en la Sierra de Morón, dada su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria".

Al defensor del pueblo

Como consecuencia de una queja elevada al respecto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el departamento de Jesús Maeztu, a través de una resolución fechada en febrero de 2015 y recogida por Europa Press, formuló una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Morón y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Entre otras cosas, Maeztu recomendaba al Ayuntamiento que "no vuelva a omitir datos de trascendencia medioambiental que deban ser tenidos en cuenta por otras administraciones para adoptar una decisión", pues según dicho departamento, aunque los terrenos objeto de esta actuación "tienen la consideración de suelo no urbanizable de conservación prioritaria (…), dicha información fue omitida por el Ayuntamiento de Morón", aspecto que habría influido a la hora de la evaluación de impacto ambiental emitida finalmente por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Las administraciones no aceptan

 A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el departamento de Maeztu reclamaba principalmente la "revisión" de su declaración de impacto ambiental, porque "los suelos afectados tienen hasta el momento la consideración de suelo no urbanizable" y "dicha información fue omitida por el Ayuntamiento".

Pero una nueva resolución del área de Maeztu expone que la Consejería ha esgrimido una "interpretación distinta" de leyes como la de Ordenación Urbanística de Andalucía, mientras el Ayuntamiento defiende que "no se ha producido ninguna omisión en la remisión de informes en el expediente", pero sin facilitar "copia del informe urbanístico" emitido al respecto. Dado el caso, el departamento de Maeztu concluye que ninguna de las dos partes ha "aceptado" el contenido de su resolución, por lo que el caso será incluido en el informe anual de la institución